Un viaje oficial a Chile protagonizado por el ministro de Producción de Córdoba, Gabriel Acosta, desató una polémica política en la provincia luego de que se confirmara que viajó acompañado por su pareja. Esto generó cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y comparaciones directas con el caso del jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni. La controversia estalló en la Legislatura cordobesa y abrió un debate sobre los límites entre la vida privada de los funcionarios y sus obligaciones institucionales.
El episodio salió a la luz a partir de una denuncia del legislador de la oposición, Juan Pablo Quinteros, quien cuestionó que Acosta incluyera a su pareja en la comitiva del viaje a Chile, organizado en el marco de actividades oficiales vinculadas al área productiva. El diputado pidió explicaciones formales sobre quién costeó los pasajes y la estadía, y si la presencia de la acompañante figuraba en la agenda protocolar del ministerio. Según su planteo, la situación podría implicar un uso inadecuado de fondos del Estado y vulnerar las normas básicas de austeridad que la administración provincial dice sostener.
En su intervención, Quinteros no solo se enfocó en el caso cordobés, sino que trazó un paralelo directo con la polémica nacional que rodeó a Manuel Adorni, quien admitió que su esposa, Bettina Angeletti, había sido parte de la comitiva oficial que viajó a Nueva York en el avión presidencial. En aquella oportunidad, Adorni aseguró que su mujer fue “una invitada del Presidente” Javier Milei y negó que se hubiera cometido alguna irregularidad, pero enfrentó fuertes críticas por la contradicción con el discurso de austeridad y por la vigencia de un decreto que restringe el uso de aeronaves estatales para familiares de funcionarios. Al traer ese antecedente al debate cordobés, Quinteros buscó subrayar que el problema no es aislado, sino parte de una forma de ejercer el poder que considera incompatible con las exigencias de transparencia.
La reacción del oficialismo cordobés fue intentar bajar el tono del conflicto y enmarcar el viaje de Acosta en una agenda de trabajo que, según sostienen, tuvo objetivos concretos vinculados a la promoción de inversiones y al fortalecimiento de vínculos comerciales con Chile. Desde el entorno del ministro, la presencia de su pareja es presentada como un detalle que no habría afectado el costo para el Estado ni alterado la naturaleza institucional de la misión. Sin embargo, la oposición insiste en que, aun cuando no se hayan usado fondos públicos para gastos personales, los funcionarios deben ser extremadamente cuidadosos para evitar cualquier sospecha de privilegios, en especial en un contexto de restricciones económicas y reclamos sociales por el ajuste.
La polémica se instaló así en un terreno más amplio: el de la coherencia política entre el discurso y la práctica. Tanto el caso de Adorni en la esfera nacional como el de Acosta en Córdoba son utilizados por la oposición para cuestionar la credibilidad de los mensajes oficiales sobre austeridad y “fin de los privilegios”. En la Legislatura cordobesa, el pedido de informes promete extender la discusión y obligar al gobierno provincial a detallar las condiciones del viaje, los criterios para integrar comitivas y los mecanismos de control interno. Más allá del resultado administrativo, el episodio deja expuesto que el acompañamiento de parejas en viajes oficiales se ha convertido en un tema especialmente sensible, capaz de generar costos políticos que trascienden el caso puntual y alimentan la desconfianza ciudadana sobre cómo se usan los recursos públicos.
