La Justicia de Estados Unidos, a través de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, suspendió todas las apelaciones pendientes en el juicio por la expropiación de YPF, allanando el camino para la aplicación del fallo favorable a Argentina que anula una condena de 16.000 millones de dólares. Esta decisión, tomada tras el reciente veredicto a favor del país sudamericano, cancela la audiencia prevista para el 16 de abril y deja en suspenso recursos como la apelación argentina contra la orden de entregar acciones de la petrolera a los acreedores.
El fallo de la Cámara, emitido por los jueces Cabranes, Chin y Robinson, establece que el Congreso argentino y sus leyes prevalecen sobre los estatutos de YPF, los cuales tienen un carácter interno y no generan obligaciones contractuales indemnizables entre el Estado y accionistas privados. Esta interpretación revoca la sentencia inicial del tribunal de distrito de Nueva York, presidido por la jueza Loretta Preska, que había condenado a Argentina por violar el estatuto de la empresa al estatizarla en 2012. El juez Cabranes emitió una opinión disidente, pero la mayoría confirmó la posición que beneficia al gobierno argentino.
Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro, calificó la medida como lógica y derivada del fallo principal, que ahora debe consolidarse antes de avanzar. Quedan por resolver dos recursos posibles de Burford Capital, el fondo británico principal beneficiario del litigio: una reconsideración en banc por el plenario de la Cámara y un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de EE.UU., opciones que Soler considera cuesta arriba. Días atrás, Burford solicitó ampliar el plazo hasta el 8 de mayo para responder, alegando compromisos del abogado principal, Paul Clement.
Burford Capital reaccionó con un comunicado lamentando la decisión como un notable abandono de los derechos de los accionistas minoritarios de la Bolsa de Nueva York, tras años de litigio por la pérdida de valor de sus inversiones en YPF. La suspensión de apelaciones representa un alivio financiero clave para Argentina, evitando el pago de los 16.100 millones de dólares en daños adjudicados inicialmente a los demandantes. Este desarrollo se produce en un contexto económico local positivo, con el Banco Central acumulando más de 5.500 millones de dólares en compras de divisas en 2026.
El caso YPF, iniciado por la expropiación de acciones de Repsol en 2012, ha sido un punto de fricción judicial entre Argentina y fondos especulativos durante más de una década. Con esta suspensión, el proceso entra en una fase de firmeza del fallo, potencialmente liberando recursos para el país en medio de negociaciones con el FMI por un desembolso de 1.000 millones de dólares. Analistas destacan que esta victoria refuerza la soberanía legislativa argentina en disputas internacionales de inversión.
