El Gobierno argentino ha recibido tres ofertas por un total de USD 887 millones para privatizar su participación del 50% en Citelec, la sociedad controlante de Transener, el principal operador de la red de transmisión eléctrica en alta tensión del país. Esta operación marca un paso clave en el retiro definitivo del Estado de la estructura accionaria de la empresa, que comparte control con Pampa Energía, dirigida por Marcelo Mindlin. Las propuestas superaron ampliamente el precio base de USD 206 millones establecido en el pliego de condiciones, según confirmó la Secretaría de Energía.
La oferta ganadora, por USD 356.174.811,78, fue presentada por el consorcio formado por Genneia S.A. y Edison Transmisión S.A., que se convertirá en el nuevo co-controlante de Citelec, sujeto a confirmación oficial. Detrás de este grupo se encuentran figuras destacadas como Jorge Brito, presidente de Genneia y accionista del Banco Macro; los hermanos Patricio y Juan Neuss del Grupo Edison; y socios del fondo Inverlat, incluyendo a Federico Salvai (dueño de Havanna), Rubén Cherñajovsky y Luis Galli (propietarios de Newsan). Aunque se presentaron como Unión Transitoria de Empresas (UTE), cada compañía actuará de forma independiente en la estructura final, con acciones separadas.
Las otras dos propuestas quedaron rezagadas: Central Puerto S.A., con accionistas como la familia Miguens-Bemberg, Eduardo Escassany y Guillermo Reca, ofreció USD 301 millones; mientras que Edenor S.A., liderada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, propuso USD 230 millones. Todas las ofertas cumplieron con el piso mínimo y provinieron de empresas precalificadas por la Comisión Evaluadora en una licitación nacional e internacional. La adjudicación formal está programada para mayo, conforme al cronograma oficial de la Secretaría de Energía, encabezada por María Tettamanti.
Transener administra más de 12.600 kilómetros de líneas de 500 kV que forman la espina dorsal del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), cubriendo el trayecto de norte a sur del país. Junto a su subsidiaria Transba, controla el 85% de la transmisión eléctrica nacional, con una red de aproximadamente 3.700 kilómetros entre Jujuy y Santa Cruz, más de 20.000 kilómetros de líneas de alta y media tensión, y 160 estaciones transformadoras. Las concesiones se definen como “monopolios naturales regulados” con plazos de hasta 95 años, bajo supervisión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
Esta privatización se enmarca en la Ley 27.742 (Ley Bases), que declaró a Energía Argentina S.A. (ENARSA) sujeta a desinversión, avanzando mediante el Decreto 286/2025 y resoluciones ministeriales. Forma parte de un plan más amplio para reducir la participación pública en el sector energético, vendiendo 15 activos de ENARSA y captando fondos para el Tesoro, al tiempo que se impulsa la inversión privada en infraestructura esencial con continuidad del servicio. El Gobierno busca así reimpulsar el sector bajo control privado regulado, en un contexto de reformas estructurales.
