En medio de un clima cada vez más tenso, los gremios aceiteros de Argentina han lanzado un contundente aviso a las empresas y al gobierno nacional: podrían llevar a cabo una huelga nacional si no se resuelven las graves violaciones laborales denunciadas. Esta advertencia surge en el contexto de una serie de conflictos laborales que afectan a varias empresas del sector aceitero y de biodiesel, las cuales han sido acusadas de incumplir convenios colectivos, no pagar bonificaciones y realizar despidos arbitrarios.
El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo, junto con la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, han denunciado un “grave e ilegal avasallamiento” de los derechos laborales por parte de varias empresas del sector. Los gremios advirtieron que, si las empresas persisten en estas prácticas ilegales, se verán obligados a promover una huelga nacional para defender derechos conquistados con muchos años de lucha.
Uno de los casos más resonantes es el de la planta de biodiesel Explora, ubicada en Puerto General San Martín, donde cuatro trabajadores fueron despedidos bajo “causas falseadas”. Según el gremio, estas medidas son represalias contra empleados que realizaron una retención de tareas para exigir el pago de una bonificación extraordinaria. La presencia de la Prefectura Naval en la planta durante el conflicto también ha sido denunciada como intimidatoria, evocando tiempos oscuros en los que los conflictos laborales se resolvían con militarización y represión.
Otro foco de tensión es Vicentín, la agroexportadora que sigue en conciliación obligatoria tras no pagar el bono anual acordado en paritarias. A esta situación se añade Renopack, que enfrenta problemas similares en todas sus plantas. Desde el gremio, se critica el “insólito Procedimiento Preventivo de Crisis”, utilizado, según ellos, por las empresas para justificar incumplimientos laborales. En el caso de Dánica, en la localidad bonaerense de Llavallol, la empresa decidió cerrar su planta en diciembre de 2024, dejando a todos sus trabajadores sin empleo. Sin embargo, tras negociaciones, se logró reabrir el área de envasado con la reincorporación de 40 empleados que no aceptaron retiros voluntarios.
El panorama en Bahía Blanca es igualmente crítico, donde la empresa Viterra, ahora propiedad de Bunge, enfrenta acusaciones por intentar sistemáticamente desconocer los derechos laborales de sus empleados. “La situación en Viterra se agrava con la militarización y el despido arbitrario de trabajadores huelguistas, lo que refleja una escalada preocupante en la violación de derechos laborales”, indicó Daniel Yofra, secretario general de la Federación. El sindicato hizo un llamado a las autoridades nacionales para intervenir y garantizar el cumplimiento de las normativas laborales, recalcando que no se trata solo de salarios impagos o despidos injustificados, sino de un ataque directo a los derechos de los trabajadores, construidos con décadas de lucha.
El impacto de un eventual paro nacional sería profundo, no solo en el sector industrial, sino también en la logística y la economía nacional, ya que el complejo industrial aceitero es uno de los principales motores exportadores del país. “Estamos dispuestos a dialogar, pero no a negociar nuestros derechos. Si las empresas persisten en esta postura de avasallamiento, tomaremos las medidas necesarias para defender a los trabajadores”, concluyó el comunicado sindical.
