Donald Trump volvió a Estados Unidos tras su reciente viaje a China y aprovechó el trayecto de regreso en el Air Force One para adelantar los próximos pasos de su agenda internacional. Ante un reducido grupo de periodistas, el mandatario subrayó que “los cubanos necesitan ayuda” y dejó entrever que Washington prepara nuevas medidas hacia La Habana, en un momento de marcada tensión política y crisis económica en la isla.
Consultado sobre los reportes que señalan que su administración evalúa una acusación formal contra el ex dictador cubano Raúl Castro por el derribo, en 1996, de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate, Trump evitó dar detalles. “No quiero hacer comentarios al respecto. Que sea el Departamento de Justicia quien comente sobre ello”, respondió, remitiendo cualquier explicación a la cartera responsable de las investigaciones y dejando abierta la posibilidad de acciones judiciales sin confirmar su alcance.
Sin embargo, el presidente sí dejó claro que Cuba ocupa un lugar prioritario en su agenda. “Tenemos mucho de qué hablar sobre Cuba”, insistió, aludiendo a un paquete más amplio de iniciativas diplomáticas y económicas orientadas a incrementar la presión sobre el gobierno de Miguel Díaz-Canel. De acuerdo con versiones de prensa estadounidenses, este endurecimiento formaría parte de un esfuerzo renovado para impulsar cambios políticos en la isla, en un contexto de escasez, caída de ingresos y un severo bloqueo petrolero vigente desde enero.
Las revelaciones sobre la posible acusación contra Raúl Castro, de 94 años, coincidieron con la visita a La Habana del director de la CIA, John Ratcliffe. Fuentes conocedoras de ese encuentro aseguran que el jefe de la inteligencia estadounidense se reunió con altos dirigentes cubanos —incluyendo a miembros de la familia Castro— y les transmitió las condiciones de Washington para encauzar la relación bilateral. La combinación de gestiones discretas y amenazas de acciones judiciales refuerza la idea de una estrategia de “máxima presión” sobre el régimen.
En este complejo tablero, la Casa Blanca parece apostar por una mezcla de sanciones, mensajes públicos y contactos de alto nivel para condicionar al gobierno cubano, mientras la población enfrenta una crisis humanitaria cada vez más profunda. Las palabras de Trump sobre la necesidad de ayudar a los cubanos se enmarcan así en una política que, según sus defensores, busca forzar reformas democráticas, pero que sus críticos consideran que podría agravar el sufrimiento cotidiano de la ciudadanía si no va acompañada de canales claros para la asistencia humanitaria.
