El artículo de Infobae aborda un paro universitario de 48 horas convocado por CONADU que evidencia la magnitud del conflicto entre las universidades públicas y el gobierno de Javier Milei. Este conflicto está marcado por reclamos salariales, falta de financiamiento y crecientes dudas sobre el futuro de la educación superior gratuita en Argentina. La medida se enmarca en una serie de protestas y manifestaciones que se han desarrollado durante meses, centradas en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores del sector y el impacto concreto de la crisis en las cursadas de millones de estudiantes.
El paro nacional de CONADU, acompañado por otras federaciones como FEDUN y FATUN, representa un punto de inflexión en una tensión que lleva más de dos años y medio entre las casas de estudio y el Poder Ejecutivo. Las federaciones denuncian que, a pesar de que el Congreso sancionó la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y la ratificó luego del veto presidencial, el Gobierno aún no la ejecuta integralmente: no se actualizan los salarios docentes y no docentes conforme a la inflación, las becas estudiantiles no se recomponen, y las partidas para gastos de funcionamiento, hospitales universitarios, ciencia y técnica siguen rezagadas. A esto se suma el desacato a una cautelar de la Corte Suprema que ordena actualizar los haberes a niveles de noviembre de 2023, lo que agrava la sensación de incumplimiento sistemático de los compromisos con el sector universitario.
El núcleo del conflicto se centra en el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios, que los gremios estiman en alrededor de un 40% durante los dos años de gobierno de Javier Milei. Según las federaciones, existe una brecha salarial cercana a los 28,5–31,2 puntos que aún no se ha aplicado a los haberes, incluso después de aumentos parciales en meses anteriores. Dirigentes como Felipe Vega Terra, del Ciclo Básico Común de la UBA, señalan que los incrementos otorgados quedaron por debajo de la inflación y que las actualizaciones se definieron de manera unilateral, sin paritarias plenas, lo cual alimenta el malestar y la percepción de que el sistema de negociación colectiva fue desplazado por decisiones unilaterales del Ejecutivo. Los gremios recalcan que la ley no solo fija un esquema de recomposición automática de salarios y becas, sino que obliga a la convocatoria periódica de paritarias, algo que –denuncian– no se está cumpliendo.
Paralelamente, las universidades advierten por la falta de financiamiento operativo: partidas para funcionamiento básico, becas estudiantiles y hospitales universitarios que no llegan en tiempo y forma o no se actualizan con la dinámica de precios. Esa combinación de salarios depreciados y presupuestos congelados ya se traduce en consecuencias visibles en las aulas: paros reiterados, interrupciones de clases, reducción de servicios, cierre parcial de actividades y una pérdida de calidad académica que impacta en más de dos millones de estudiantes de instituciones estatales. Desde las casas de estudio y los gremios se insiste en que el conflicto ya no es solo una disputa sectorial, sino que se ha convertido en un problema de sustentabilidad del modelo de universidad pública, gratuita y de acceso masivo, construido en las últimas décadas. El debate público enfrenta dos perspectivas: quienes exigen el cumplimiento de la ley y la recomposición urgente de recursos, y quienes plantean la necesidad de revisar la estructura del sistema, sus incentivos y su forma de financiamiento a largo plazo.
Por su parte, la respuesta del Gobierno combina gestos de apertura y un tono de confrontación. La cartera de Capital Humano ha convocado a una nueva instancia paritaria para septiembre y sostiene que ya se ha cumplido con lo acordado en materia de partidas presupuestarias. Sin embargo, al mismo tiempo, calificó de “política” una de las huelgas universitarias anteriores y relativizó la gravedad de las denuncias sobre el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Los sindicatos universitarios responden que lo que el Ejecutivo presenta como cumplimiento parcial no equivale al acatamiento integral de la norma aprobada por el Congreso ni al respeto pleno de los fallos judiciales que ordenan recomponer salarios y becas. En este contexto, el paro de 48 horas de CONADU se vislumbra como un nuevo capítulo de una escalada que combina litigios judiciales, tensiones parlamentarias y movilización en la calle, poniendo en discusión no solo los números de presupuesto, sino también el rumbo de la educación pública universitaria en Argentina.
