Más de 140 barcos permanecen detenidos en puertos y zonas de fondeo argentinas por un paro de prácticos, pilotos y baqueanos en rechazo al Decreto 690/2026, que desregula el servicio de practicaje y pilotaje. La medida paraliza buena parte del comercio exterior, afecta exportaciones de granos y el abastecimiento de combustibles, y ya genera pérdidas millonarias en divisas para la economía.
El conflicto estalló luego de la publicación del Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger, que introduce cambios profundos en la regulación del practicaje y pilotaje, considerados hasta ahora servicios públicos estratégicos. Estos profesionales son los encargados de guiar a los buques en maniobras de ingreso y salida por ríos, canales y puertos, un eslabón clave en la seguridad de la navegación y en el funcionamiento del comercio exterior. Ante la nueva normativa, los gremios resolvieron un cese de tareas por tiempo indeterminado, dejando sin asistencia a todos los barcos que deban operar en aguas argentinas.
El impacto se siente de manera inmediata en la hidrovía y los principales puertos exportadores. En Rosario, por donde pasa cerca del 80% de las exportaciones de granos del país, la actividad amaneció prácticamente paralizada. Según una carta del Centro de Navegación a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, hay 140 buques pendientes de confirmación del servicio de practicaje y/o pilotaje, cifra que aumenta hora tras hora por la llegada de nuevas embarcaciones programadas. Las operaciones previstas en puertos como La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, Quequén y Bahía Blanca fueron canceladas o derivadas a terminales de Montevideo y del sur de Brasil, lo que implica pérdida de negocios para las terminales locales y deterioro de la competitividad argentina.
Las consecuencias económicas son cuantiosas. Cada jornada de parálisis se traduce en pérdidas millonarias en divisas por incumplimiento de contratos, extracostos logísticos y lucro cesante. La experiencia de conflictos recientes en Quequén y Bahía Blanca mostró que sólo el bloqueo de transportistas de granos en dos puertos llegó a generar pérdidas estimadas en USD 450 millones en una semana, además de sobrecostos diarios cercanos a USD 50.000 por buque y gastos adicionales de almacenaje en origen. En el contexto actual, con muchos más barcos afectados y una red de puertos estratégicos paralizada, las cámaras empresarias advierten por un daño superior, que golpea la cadena agroexportadora, la industria energética y la imagen del país como proveedor confiable.
El conflicto no se limita a las exportaciones: también hay riesgo de desabastecimiento de combustibles y otros insumos básicos. La Cámara Argentina de Energía informó que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas se encuentran momentáneamente interrumpidas. Un barco destinado al proyecto Vaca Muerta Oil Sur quedó detenido fuera de muelle por falta de práctico, demorando tareas clave de tendido de infraestructura submarina para el desarrollo energético. Desde las entidades navieras advierten que una prolongación del paro profundizará el “aislamiento del comercio exterior” del país y puede derivar en cancelaciones definitivas de contratos y redireccionamiento de cargas hacia otros orígenes, con efectos persistentes sobre la economía más allá de la duración puntual de la medida de fuerza.
