El ataque contra la sede de la AMIA cumple 32 años y el reclamo de justicia se renueva con dureza: el presidente de la institución, Osvaldo Armoza, apuntó directamente contra el Poder Judicial argentino y exigió reforzar los controles en la Triple Frontera ante lo que describió como una persistente amenaza iraní. En su discurso conmemorativo, Armoza retomó la línea fijada por los fallos recientes que atribuyen la planificación del atentado a altos funcionarios de Irán y la ejecución a Hezbollah, pero subrayó que, pese a esas determinaciones, las víctimas siguen sin una sentencia firme y sin responsables condenados.
En el acto central por el aniversario, Armoza hizo un repaso de tres décadas de investigación fallida, encubrimientos y maniobras políticas que, según su mirada, consolidaron la impunidad del caso AMIA. Recordó que la justicia argentina consideró el atentado un delito de lesa humanidad, lo que lo vuelve imprescriptible, aunque el expediente acumula resoluciones fragmentarias y sin efectos concretos sobre los imputados. El dirigente comunitario mencionó los procesos por desvío de la investigación, que terminaron con la condena del exjuez Juan José Galeano y del exsecretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy, pero que no alteraron el cuadro central: no hay detenidos ni juicio oral contra los máximos sospechosos del ataque que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.
El presidente de la AMIA centró gran parte de su mensaje en la dimensión regional del problema y en el rol estratégico de la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, señalada desde hace años como enclave de logística y apoyo para Hezbollah en Sudamérica. Armoza reclamó al Gobierno argentino y a los países vecinos un refuerzo “urgente y sostenido” de los mecanismos de control, inteligencia y cooperación judicial en esa área, que describió como una zona de alta vulnerabilidad frente a redes terroristas y a la infiltración vinculada al régimen iraní. Según la línea que sostienen tanto la AMIA como diversos fallos recientes, el comando que ejecutó el atentado habría encontrado en la Triple Frontera un punto clave para su organización, lo que, a juicio de la dirigencia comunitaria, vuelve imprescindible una política más firme y coordinada en esa región.
Armoza también se detuvo en las decisiones judiciales dictadas en los últimos años, que ratificaron la acusación contra Irán y Hezbollah pero no se tradujeron en detenciones efectivas ni en la realización de un juicio oral contra los principales sospechosos. Destacó la resolución de abril de 2024, cuando la justicia argentina estableció que el atentado fue ordenado por Irán y ejecutado por Hezbollah, así como los avances en la idea de juicio en ausencia para poder juzgar a funcionarios iraníes que nunca se presentaron ante los tribunales del país. Sin embargo, el titular de la AMIA advirtió que estos pasos solo tendrán impacto real si se acompañan de una reforma profunda del sistema judicial y de un compromiso político que impida nuevos acuerdos o maniobras que, como en el pasado, terminen garantizando impunidad.
En su intervención, el dirigente comunitario evocó la figura del fiscal Alberto Nisman, quien acusó formalmente a exaltos cargos iraníes y denunció un plan de encubrimiento ligado al memorando de entendimiento con Irán, antes de aparecer muerto en circunstancias que aún generan controversia. Armoza vinculó ese episodio a una larga secuencia de decisiones políticas y judiciales que, a su juicio, pusieron intereses coyunturales por encima de la búsqueda de verdad y justicia. Señaló además la reciente condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que responsabilizó al Estado argentino por graves fallas en la prevención y la investigación del atentado, y ordenó reformas en el manejo de información de inteligencia, en la desclasificación de documentos y en el acceso de las víctimas a los archivos del caso. Frente a ese escenario, el presidente de la AMIA exigió que las recomendaciones internacionales se traduzcan en políticas concretas y que el país asuma, sin dilaciones, la tarea de desmantelar los obstáculos que mantienen, 32 años después, una de las mayores tragedias de su historia en un estado de impunidad persistente.
