La investigación sobre la presunta estafa piramidal en Parque Leloir sigue sumando víctimas, denuncias y detalles sobre una operatoria que, según la Justicia, habría superado el millón de dólares. El caso tiene a un abogado detenido y a otro prófugo, ambos acusados de haber montado una falsa firma de inversiones para captar ahorristas con promesas de ganancias extraordinarias.
De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, los acusados se presentaban como dueños y socios de Avalon Capital Futures Investment, una supuesta empresa financiera que operaba desde una oficina en el complejo Thays, en Villa Udaondo, sobre la avenida Martín Fierro al 3300. También habrían simulado vínculos con la Cámara de Comercio de Argentina y con el comité argentino de la Cámara de Comercio del Mercosur, una fachada que buscaba darles credibilidad frente a posibles inversores.
La mecánica denunciada seguía un patrón típico de esquema Ponzi: al principio devolvían una parte del dinero o pagaban intereses para generar confianza, pero después los pagos se interrumpían y comenzaban las excusas. Según las denuncias, ofrecían rendimientos mensuales de entre 2,5% y 5%, e incluso llegaron a prometer retornos de US$7.000 mensuales en algunos casos.
Las víctimas llegaron, en muchos casos, por recomendación de conocidos, en un circuito de confianza que incluyó referencias personales, reuniones en un entorno sofisticado y hasta demostraciones de aparente solvencia, como el uso de una máquina de contar billetes y la exhibición de documentación comercial. Una de las damnificadas declaró que entregó US$350.000, mientras que otra persona vinculada al expediente habría perdido más de US$500.000.
Por ahora, la causa registra al menos cinco denuncias formales, aunque las fuentes judiciales y periodísticas advierten que los damnificados serían muchos más. Algunas coberturas hablan de más de 30 afectados y otras señalan que las víctimas continúan apareciendo a medida que avanza la investigación, lo que refuerza la sospecha de una maniobra de alcance mayor al inicialmente detectado.
El detenido fue identificado como el abogado Ángel Elías Gómez, mientras que su supuesto socio, Juan Ignacio Lombardo, permanece prófugo con pedido de captura internacional. En los allanamientos, la Justicia secuestró carpetas, tarjetas y contratos que reforzarían la hipótesis de una estructura montada para captar fondos bajo apariencia de legalidad.
