Última traba para Agostina Páez: el juez brasileño exige que permanezca en Brasil hasta el fallo definitivo
Agostina Páez, la abogada santiagueña de 29 años retenida en Río de Janeiro desde el 14 de enero por tres denuncias de injuria racial, enfrenta un nuevo obstáculo en su intento de regreso a Argentina. Tras una audiencia clave este martes 24 de marzo en el Juzgado Penal 37, donde la fiscalía y la querella no se opusieron a su liberación condicional, el juez impuso una restricción de último momento: debe quedarse en Brasil hasta la emisión del fallo final. Esta decisión frena el alivio momentáneo que generó la sesión, en la que se descartaron dos de las tres acusaciones por falta de pruebas.
El caso surgió de un incidente en un bar de Ipanema, grabado por cámaras de seguridad, donde Páez realizó gestos interpretados como racistas hacia empleados del local. La ley brasileña contra la injuria racial, endurecida en 2023, prevé penas de hasta 5 años por hecho, y la querella inicialmente pidió 15 años acumulados. Sin embargo, la defensa, liderada por la abogada Carla Junqueira, argumentó que solo un hecho tiene sustento probatorio, mientras los otros dependen de testimonios sin evidencia. Durante la audiencia, se solicitó aplicar convenios bilaterales para que el proceso continúe en Argentina, pero el juez priorizó su presencia local.
Páez ha vivido bajo estrictas medidas desde enero: tobillera electrónica, pasaporte retenido y prohibición de salida del país. Su padre, Mariano Páez, quien la acompañó en la audiencia, describió su estado emocional como de “depresión profunda”, con días sin levantarse de la cama y atención psicológica constante. “Ni a mí me contesta el celular por dos o tres días”, reveló, y criticó la falta de apoyo del gobierno de Santiago del Estero, aunque la Cancillería argentina confirmó seguimiento sin intervención directa posible, ya que la justicia brasileña tiene competencia exclusiva.
A pesar de los avances —como la no oposición de la fiscalía a su retorno y la eventual condena a dos años de prisión en suspenso con tareas comunitarias—, la resolución final depende de la firma del juez sobre la fianza pecuniaria y las reparaciones a las víctimas. Junqueira estimó que “es una cuestión de días”, pero esta traba imprevista alarga la incertidumbre. Páez, aliviada tras la sesión, calificó el episodio como “la peor experiencia de mi vida” y expresó su deseo de reencontrarse con su familia en Santiago del Estero.
El caso ha generado repercusión mediática y diplomática, destacando las diferencias procesales entre Argentina y Brasil. Mientras la defensa insiste en el regreso inmediato vía acuerdos internacionales, las autoridades brasileñas enfatizan la gravedad del racismo, usando incluso imágenes del incidente en campañas antirracistas. Pendiente el fallo, Páez permanece monitoreada en un domicilio en Río, a la espera de una resolución que podría permitirle volver en cuestión de días o prolongar su calvario.
