En Mendoza, la Justicia investiga una presunta estafa millonaria que supera los 500.000 dólares, perpetrada por un grupo liderado por abogados y empresarios que prometían rendimientos del 2,5% mensual en dólares a través de contratos de mutuo para supuestas inversiones seguras. Al menos cinco denuncias iniciales han salido a la luz, pero las víctimas estiman que hay entre 20 y 50 personas afectadas, muchas de las cuales invirtieron ahorros de herencias, indemnizaciones o vendieron propiedades para participar. La causa está a cargo del fiscal de Delitos Económicos, Hernán Ríos, quien analiza un entramado de sociedades posiblemente fantasmas usadas para desviar fondos.
Entre las víctimas destaca el maratonista mendocino Ignacio Erario, ganador del 21K de Buenos Aires en 2023 y subcampeón sudamericano de maratón en 2024, quien reclama cerca de 34.000 dólares, incluyendo intereses acumulados. Erario comenzó invirtiendo 6.000 dólares el 26 de diciembre de 2023, atraído por el éxito inicial de su hermano, y elevó la cifra a 28.000 dólares junto a su pareja para comprar un lote y construir una casa para su recién nacido hijo. Su denuncia se viralizó en Instagram, donde con más de 36.000 seguidores compartió un video expresando ansiedad e insomnio, lo que impulsó a otras víctimas a contactarlo y sumar testimonios.
Los implicados principales incluyen al abogado Jorge Iván Yoma, su socio Rodrigo López Casado y un supuesto tercero como Pablo Falco, quienes operaban bajo fachadas como Asesoría Legal S.A. en el centro de Mendoza. Las víctimas entregaban dólares en el estudio jurídico a cambio de contratos que prometían hacer “trabajar” el dinero, pero desde inicios de 2025 cesaron los pagos con excusas como vacaciones, licuación de créditos por devaluación o demoras en cobros de préstamos. Una familia denuncia haber perdido 500.000 dólares solos, convencidos por Falco, quien aparentemente jugaba en ambos bandos.
La investigación revela irregularidades como retiros realizados en lugares atípicos, como el Hotel Hyatt Mendoza, y acusaciones cruzadas entre los socios, quienes se culpan mutuamente por el faltante. Los denunciantes cuentan con pruebas sólidas: conversaciones grabadas, chats y accesos parciales a cuentas, que sugieren desvío de fondos a deudas personales, cuevas de cambio en Mendoza y Buenos Aires, o bienes a nombre de testaferros para insolventarse fraudulentamente. Aunque aún no hay imputaciones formales, el Ministerio Público Fiscal advierte que las denuncias podrían multiplicarse, elevando el monto total posiblemente a un millón de dólares.
Este escándalo expone vulnerabilidades en inversiones informales de alto rendimiento, con tasas del 2,5% mensual en dólares que, aunque atractivas, superan lo habitual y generaron desconfianza inicial en algunas víctimas. Erario, por ejemplo, pidió movimientos contables para evaluar recuperación, pero las evasivas persistieron hasta marzo-abril de 2025. Mientras la Justicia desentraña el ovillo, las víctimas exigen devolución inmediata, subrayando el impacto emocional y financiero en sus vidas.
