La Justicia federal ha iniciado una investigación contra Claudio “Chiqui” Tapia, bajo la sospecha de enriquecimiento ilícito, enfocada en su gestión como presidente del CEAMSE y en el crecimiento de su patrimonio en los últimos años. Según la denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, Tapia habría experimentado un aumento patrimonial cercano al 1.000% en un período de ocho años, considerado injustificado por los acusadores. Con base en estos elementos, el fiscal federal Gerardo Pollicita dio curso a la acción penal y ordenó una serie de medidas para investigar los bienes, cuentas bancarias y nivel de consumo del titular de la AFA.
Fuentes judiciales señalaron que Pollicita ha solicitado informes sobre las declaraciones juradas de Tapia en su calidad de funcionario público del CEAMSE, además de datos detallados sobre inmuebles, vehículos, movimientos financieros y consumos relevantes. Paralelamente, pidió al juez federal Ariel Lijo el levantamiento del secreto fiscal y bancario, una medida común en este tipo de investigaciones patrimoniales que permite acceder a información reservada de la AFIP y las entidades financieras. El expediente está radicado en el fuero federal de Comodoro Py, después de resolverse una controversia de competencia con la Justicia porteña, que fue resuelta por la Cámara Federal al determinar que es un caso de carácter federal.
La denuncia fue realizada por Guillermo Tofoni, un empresario históricamente vinculado al negocio de los partidos amistosos de la Selección argentina mediante su empresa World Eleven. Tofoni afirmó que Tapia habría multiplicado su patrimonio en un 1.000% entre 2017 y 2024, periodo en el que ocupó cargos en el CEAMSE hasta llegar a su presidencia. El conflicto entre ambos data del momento en que World Eleven perdió el contrato para organizar y comercializar los encuentros amistosos del seleccionado, lo que llevó a una serie de acciones judiciales contra la dirigencia de la AFA. La nueva causa por enriquecimiento ilícito se suma así a un entramado de litigios que rodea la gestión de Tapia tanto en la AFA como en organismos vinculados.
Desde el entorno de Tapia, la respuesta fue inmediata: allegados al dirigente afirmaron que “todo lo que indica la denuncia es falso” y calificaron a Tofoni como un “denunciador serial” que habría perdido todos los procesos judiciales iniciados contra la AFA y sus autoridades. Voceros del presidente de la AFA adelantaron que, lejos de admitir irregularidades, se preparan para responder con nuevas acciones judiciales: una demanda civil por daño al honor y una denuncia penal por falsa denuncia contra el empresario. Tapia y su defensa sostienen que no existe delito alguno y que, tras el análisis de las pruebas, el expediente debería ser archivado. Por ahora, la investigación impulsada por la fiscalía no implica una imputación formal, pero marca el inicio de un examen sistemático sobre su patrimonio.
La investigación por enriquecimiento ilícito se desarrolla en un contexto judicial complicado para el titular de la AFA, que ya enfrenta otras causas sensibles. En el ámbito penal económico, su procesamiento por retención indebida de aportes y tributos por unos 19.000 millones de pesos fue confirmado, con un embargo millonario y prohibición de salida del país. Además, en Santiago del Estero un fiscal solicitó su detención, junto con la del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en una causa por lavado de dinero y asociación ilícita, en la que se investiga una supuesta “defraudación sistemática” en perjuicio de la entidad. A este complejo panorama se suma ahora la atención sobre la evolución de los bienes de Tapia en relación a su paso por el CEAMSE, un organismo clave en la gestión de residuos del Área Metropolitana, lo que potencia el impacto político e institucional del caso.
