El Gobierno explicó que el refuerzo de seguridad dispuesto en la Quinta de Olivos responde a un escenario considerado de riesgo para funcionarios de alto nivel y a la próxima visita del papa León XIV. La información fue comunicada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, luego de las declaraciones del presidente Javier Milei que habían generado dudas sobre los motivos del operativo.
Según Ravier, las modificaciones en el esquema de seguridad obedecen a “dos factores de riesgo”: las amenazas recibidas por funcionarios de primera línea y la presencia del Sumo Pontífice en el país. El funcionario evitó brindar detalles específicos sobre los episodios denunciados, aunque afirmó que las autoridades trabajan sobre distintos perfiles que podrían representar un peligro para la seguridad nacional.
Entre las personas consideradas potencialmente riesgosas, el vocero mencionó a posibles terroristas, individuos capaces de amenazar la seguridad del Estado y personas que, por diferentes motivos, no estarían habilitadas para ingresar a determinados espacios oficiales. Sin embargo, no precisó cuántos casos fueron detectados ni qué medidas concretas se adoptaron frente a cada situación.
Durante la conferencia, Ravier también hizo referencia a un informe elaborado por el Ministerio de Seguridad. El documento contempla casos registrados entre diciembre del año pasado y mediados de septiembre, aunque el Gobierno no aclaró cuántos de esos episodios guardan relación directa con las amenazas a funcionarios ni cuáles fueron clasificados como de mayor gravedad.
En la Casa Rosada describieron el contexto como un “clima de seguridad preocupante” y buscaron desvincular la militarización de la residencia presidencial de las denuncias formuladas por la exdirigente libertaria Marcela Pagano, quien había señalado supuestos desvíos de fondos. De acuerdo con fuentes oficiales, la decisión no estaría vinculada con esas acusaciones, sino con advertencias de seguridad recibidas recientemente.
El Gobierno sí relacionó el despliegue con una supuesta amenaza de muerte contra Diego Kravetz, número dos de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Según la versión oficial, el mensaje habría sido atribuido a Hezbollah, organización señalada por las autoridades argentinas como una estructura terrorista financiada por Irán.
La explicación oficial se conoció mientras distintos sectores reclamaban mayor información sobre los supuestos riesgos mencionados por el Presidente y sus colaboradores. La Unión Cívica Radical anticipó que solicitará precisiones acerca de la existencia de amenazas contra la Argentina y de los informes que sustentaron el refuerzo de la seguridad en Olivos.
