A pesar de la tensión y los conflictos laborales, Aerolíneas Argentinas y los sindicatos aeronáuticos acordaron continuar con las conversaciones sin medidas de fuerza. Se ratifica el reclamo por el futuro de la empresa y las condiciones laborales.
El conflicto entre Aerolíneas Argentinas y los gremios aeronáuticos parece haber entrado en una etapa de calma, aunque las diferencias aún persisten. Tras una serie de reuniones realizadas en la sede de Aeroparque, tanto las autoridades de la aerolínea como los representantes sindicales decidieron dar una tregua a las medidas de fuerza y continuar con las negociaciones la próxima semana. Si bien no se llegó a un acuerdo concreto, los sindicatos ratificaron sus preocupaciones sobre el futuro de la empresa y la presunta intención del gobierno de Javier Milei de cerrar la aerolínea de bandera.
Los encuentros fueron liderados por el subsecretario de Asuntos Territoriales, Agustín Robla, y el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín. En sus intervenciones, ambos funcionarios coincidieron en que el gobierno está evaluando todas las opciones disponibles ante la situación financiera y operativa de la empresa. Sin embargo, no se avanzó en una resolución definitiva, lo que dejó abiertas varias cuestiones para la próxima ronda de conversaciones. En este sentido, Mateo Ferrería, de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), explicó que el debate se centró principalmente en las condiciones laborales y las modificaciones propuestas al Convenio Colectivo de Trabajo, pero no se discutieron temas salariales en esta ocasión.
Por otro lado, el gremio Asociación de Personal Aeronáutico (APA) también se pronunció sobre los conflictos que atraviesa la compañía. Particularmente en relación con los despidos en Intercargo, la empresa encargada de los servicios aeroportuarios. A través de un comunicado, APA responsabilizó al gobierno por la situación, y acusó a las autoridades de manipular la información sobre las protestas laborales. Los sindicatos reiteraron que la medida de fuerza no comprometió la seguridad de los pasajeros, como se había señalado en los medios, y rechazaron las críticas del gobierno, que incluso llegó a acusar a los trabajadores de ser responsables de los trastornos vividos en Aeroparque.
En cuanto a la situación laboral, los representantes de los tripulantes de cabina también se sumaron a la discusión. Calificaron como positiva la renovación del diálogo con la empresa. Afirmaron que, aunque los reclamos salariales siguen siendo un punto clave, no hay intención de iniciar nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas. La prioridad, aseguraron, es llegar a un acuerdo responsable que beneficie tanto a los trabajadores como a los pasajeros.
Finalmente, el conflicto se intensificó con las acusaciones de APA hacia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Estas acusaciones son por autorizar el uso de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para reemplazar a los trabajadores de Intercargo. El sindicato rechazó categóricamente esta intervención y alertó sobre los riesgos operativos que implica la presencia de personal no capacitado para las funciones específicas de la aerolínea. En su comunicado, APA también alertó sobre la “operación mediática” que, según ellos, tiene como objetivo vaciar la empresa y entregarla a intereses privados.
