Pabl Biró, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), ha sido elegido nuevamente como miembro del directorio de Aerolíneas Argentinas. Esta elección, realizada por unanimidad en una asamblea de accionistas, desafía claramente la decisión del gobierno nacional, que había expulsado a Biró del directorio en octubre del año pasado.
La elección de Biró se llevó a cabo en el marco de la Asamblea electiva del Plenario de representantes del Programa de Propiedad Participada (PPP) de Aerolíneas Argentina. Este programa, que integra el capital de la empresa estatal, incluye acciones en manos de los empleados, quienes decidieron insistir en la designación de Biró. Los trabajadores argumentaron que, según la Ley de Sociedades, los directores deben ser elegidos y desplazados por los propietarios de las acciones, es decir, los empleados que forman parte del PPP.
Biró había sido expulsado del directorio en octubre pasado debido a su accionar en el conflicto entre los trabajadores y la empresa. El gobierno justificó su salida argumentando que el sindicalista había actuado en contra de los intereses de la compañía, promoviendo paros encubiertos y cuestionando la seguridad operativa. Se afirmó que Biró había impulsado 13 medidas de fuerza a través de asambleas informativas, lo que provocó retrasos y cancelaciones masivas de vuelos, afectando a más de 100,000 pasajeros y generando pérdidas millonarias.
No obstante, Biró recurrió a la justicia impugnando la asamblea de Aerolíneas Argentinas y reclamando su restitución al cargo. Aunque aún no hay una definición en ese ámbito, los trabajadores decidieron insistir en su designación. Esta elección no solo es un triunfo para Biró y los sindicatos aeronáuticos, sino también un desafío a la política laboral del gobierno de Javier Milei, que ha buscado restringir el poder de los sindicatos en el sector.
La elección de Biró también destaca la importancia del Programa de Propiedad Participada (PPP) en Aerolíneas Argentina. Aunque el capital de la empresa está integrado por un 99% de acciones en manos del Estado, el 1% restante es propiedad de los empleados. Esta participación activa de los trabajadores en la toma de decisiones corporativas es un aspecto clave en la disputa laboral actual.
