Escándalo en la Justicia: un ladrón peruano que se fugó a la Argentina tras un robo en 2005 fue finalmente extraditado diez años después desde la Capital Federal. El hombre, identificado como un ciudadano peruano buscado por robo agravado en su país, fue detenido en Buenos Aires y, tras un laberinto judicial lleno de idas y vueltas, el Poder Ejecutivo autorizó su entrega a Perú. Este caso, que recuerda a una película de fugas y persecuciones internacionales, cuestiona los mecanismos de extradición entre países vecinos y destaca cómo la Justicia argentina logra cerrar el círculo a pesar de los tropiezos procesales.
Todo comenzó en 2005, cuando este individuo cometió un robo agravado en Perú y, en lugar de enfrentar las consecuencias, se trasladó a la Argentina para rehacer su vida como si nada. Diez años después, en 2015, la Interpol lo localizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde fue detenido. Resulta sorprendente: el hombre estuvo libre más de una década, evadiendo la Justicia peruana, hasta que la red internacional de cooperación lo capturó. Fuentes judiciales confirman que el delito fue calificado como robo agravado, uno de esos que no prescriben fácilmente y que activan tratados bilaterales como el de Extradición entre Argentina y Perú, aprobado por la ley 26.082.
Pero el proceso no fue sencillo: la extradición se complicó como un tango difícil. En Salta, un Juzgado Federal de San Ramón de la Nueva Orán cometió errores al no respetar el debido proceso, omitiendo audiencias y juicios obligatorios según la ley 24.767. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti a la cabeza, anuló todo y ordenó reiniciar el trámite desde cero. “No se cumplieron las garantías procesales”, advirtieron los jueces, exigiendo audiencia previa, juicio y el resto del protocolo legal antes de cualquier entrega. El acusado, J. L. A. R., se negó a ser extraditado en 2023, pero el juez aceleró el trámite sin esperar al nuevo defensor, lo que derivó en el fallo de la Corte.
A pesar de las irregularidades, que incluyeron demoras en la documentación formal de Perú y discusiones sobre prescripción –tema que en casos de robos agravados puede ser un salvavidas, pero no en este caso porque el pedido de Interpol interrumpió plazos–, la Justicia argentina finalmente falló a favor de la extradición. El Procurador General interino respaldó la decisión, citando jurisprudencia de la Corte que exige rigor procesal pero no frena la cooperación internacional. Finalmente, en 2026, con el trámite reiniciado y corregido, el Ejecutivo nacional dio el visto bueno para que lo envíen de regreso a Lima, donde lo espera un juicio por ese robo de hace dos décadas.
Este episodio deja importantes lecciones para la Justicia binacional: ¿hasta cuándo vamos a tolerar fugas de esta magnitud? Con tratados como el de 2004 y fallos de la Corte que insisten en el “debido proceso”, Argentina se posiciona como un país serio en la lucha contra el crimen transfronterizo, pero los errores iniciales en Salta muestran que aún hay aspectos por mejorar. Mientras el extraditado cruza los Andes esposado, quedan preguntas: ¿prescribirá alguna vez este tipo de delitos en Perú? ¿Cuántos más andan sueltos por nuestras calles?
