Tras una resolución del Ministerio de Economía, las principales empresas de medicina prepaga deberán ajustar el valor de sus cuotas desde diciembre de 2023 por el índice de precios al consumidor.
El Gobierno ha tomado cartas en el asunto respecto a los aumentos en las cuotas de las medicinas prepagas, una preocupación latente para la clase media. Manuel Adorni, vocero oficial, anunció que el Ministerio de Economía ha emitido una medida que obliga a las principales empresas del sector a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustadas posteriormente por el Índice de Precios al Consumidor.
Esta intervención estatal responde a una denuncia por presunta cartelización en el sector y refleja el reconocimiento del Estado en regular el mercado para proteger a los consumidores. Adorni destacó que la Superintendencia de Salud respaldará esta decisión mediante una medida cautelar que exige a las empresas retrotraer el valor de las cuotas y reembolsar el exceso cobrado desde diciembre.
El vocero también abordó la pregunta sobre la posibilidad de aplicar políticas similares en otros sectores, como el de las telecomunicaciones, enfatizando que sin la presunción de cartelización, las empresas actúan con libertad en el mercado. Asimismo, defendió el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que autorizó los aumentos en las prepagas, asegurando que no incentiva la ilegalidad sino que promueve la libertad de mercado.
Los aumentos desmedidos en las medicinas prepagas, respaldados por el DNU, han sido objeto de críticas por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, quien señaló que estas acciones afectan a la clase media. Las compañías, amparadas por el megaDNU de Milei, han aumentado sus precios cerca del 200% en cuatro meses, sin control gubernamental. Además, la derogación de una resolución que exigía informes periódicos sobre el valor de las cuotas ha exacerbado la situación.
En el ámbito judicial, las denuncias y pedidos de amparo contra los aumentos desmedidos se acumulan, reflejando la preocupación generalizada por el impacto de estas medidas en los usuarios. La medida del Gobierno busca restablecer cierta estabilidad y protección para los consumidores en un contexto de incertidumbre económica.
