El empresario Lázaro Báez, figura central en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente argentina, deberá cumplir una condena unificada de 15 años de prisión. Así lo resolvió este viernes el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 al compaginar las penas que pesaban sobre él por los casos “La Ruta del Dinero K” y “Vialidad”. La decisión, tomada tras una audiencia en la que estuvieron presentes tanto Báez como su defensa, representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera (UIF), pone un cierre judicial a dos de los procesos de mayor envergadura vinculados a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
Báez, ex titular de Austral Construcciones S.A. y aliado estratégico de empresarios y dirigentes cercanos a los Kirchner, había sido condenado en 2021 a 10 años de prisión por lavado de dinero, en la causa conocida como la “Ruta del Dinero K”. En ese expediente, la justicia comprobó la realización de operaciones para blanquear unos 55 millones de dólares, provenientes de irregularidades con fondos públicos. Paralelamente, en el juicio por “Vialidad”, en el que fue juzgado junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, recibió otros 6 años de prisión por administración fraudulenta, a raíz de maniobras ilícitas en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz.
El tribunal, integrado por los jueces Ricardo Basílico, Néstor Costabel y Fernando Canero, resolvió fijar en 15 años la duración efectiva de la condena tras evaluar los agravantes y atenuantes de ambos procesos. Los magistrados remarcaron como agravante que Báez poseía una “posición socioeconómica privilegiada dentro de la sociedad” y destacaron la ausencia de circunstancias personales que limitaran el conocimiento de la ilegalidad de sus actos. Como atenuantes, solo consideraron la falta de antecedentes penales al momento de los hechos y los lazos familiares que mantiene hasta la actualidad.
La sanción económica también fue ratificada y se confirmó una multa equivalente a seis veces el dinero lavado, totalizando aproximadamente 329 millones de dólares que deberán ser restituidos al Estado. Báez, quien lleva detenido desde 2016 y actualmente está alojado en el penal de Río Gallegos, quedó así fuera de cualquier beneficio que pudiera haber surgido de la fragmentación de penas en causas separadas. Como particularidad, los jueces dejaron en claro que cualquier medida de restitución patrimonial relacionada al caso “Vialidad” no incluye a Báez, por la unificación lograda.
La defensa de Báez aún cuenta con la opción de apelar el cálculo de la pena unificada ante la Cámara Federal de Casación. No obstante, ambas condenas cuentan con la ratificación de la Corte Suprema de Justicia, por lo que el empresario enfrenta un escenario judicial adverso y pocas posibilidades de revertir su situación en lo inmediato. El fallo representa además un mensaje contundente sobre el alcance de la Justicia en las causas de corrupción, y la obligación de reparar el daño económico infligido al patrimonio público.
