Manuel García Mansilla Renuncia a la Corte Suprema: Un Capítulo Polémico en la Historia Judicial Argentina
En un giro inesperado, el abogado y catedrático Manuel García Mansilla presentó su renuncia indeclinable al cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, apenas 40 días después de haber asumido su puesto. Esta decisión se produce en un contexto de alta tensión política y jurídica, marcado por el rechazo de su pliego en el Senado y una medida cautelar que le prohibía firmar resoluciones.
La designación de García Mansilla se realizó mediante el decreto 137/25, firmado por el presidente Javier Milei el 25 de febrero pasado. Este decreto también incluyó la designación del juez federal Ariel Lijo, aunque este último no asumió el cargo tras negarse a renunciar a su puesto actual, una condición impuesta por la Corte Suprema para aceptar su incorporación. La decisión de García Mansilla de aceptar el nombramiento en comisión fue motivada por su convicción de que la falta de integración de la Corte Suprema era un grave problema institucional que requería una solución urgente.
Sin embargo, su postulación cosechó el sufragio negativo de los tres bloques kirchneristas y el grueso del radicalismo. El magistrado solo tuvo el voto favorable de la Libertad Avanza, algunos legisladores del PRO y dos radicales, así como algunos bloques provinciales aliados del Gobierno Nacional. Este rechazo intensificó las presiones sobre García Mansilla para que abandonara su cargo. Pocos días después de la votación, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, firmó una medida cautelar que ordenaba a García Mansilla abstenerse de firmar resoluciones o medidas administrativas por un plazo de 90 días, hasta que se resolviera la legalidad del decreto presidencial que lo había designado.
La medida cautelar fue impulsada por una presentación judicial del abogado Jorge Rizzo y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quienes argumentaron que la designación de García Mansilla vulneraba la independencia judicial. Ramos Padilla fundamentó su decisión en el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional, que establece que un juez designado en comisión no puede ejercer funciones jurisdiccionales sin el acuerdo del Senado. “La falta de acuerdo del Senado de la Nación no puede ser soslayada ni sustituida por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional,” afirmó el magistrado.
A pesar de la medida cautelar, el Gobierno defendió la validez del decreto presidencial, argumentando que se trataba de una atribución constitucional del Poder Ejecutivo. Este sábado, el Ejecutivo presentó un recurso de ‘per saltum’ ante la Corte Suprema para anular la medida dictada por Ramos Padilla. Sin embargo, los otros tres jueces del tribunal se mantuvieron firmes en su posición, lo que dejó a García Mansilla en una situación insostenible.
En medio de este conflicto, el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti se pronunció sobre la situación en una entrevista radial. Lorenzetti afirmó que la decisión del Senado era “respetable” y expresó su rechazo a las designaciones por decreto. “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto,” declaró, aludiendo a la polémica en torno al nombramiento de García Mansilla. A pesar de las tensiones, Lorenzetti aseguró que la Corte Suprema continúa funcionando con normalidad. “La Corte es una institución que va más allá de las personas que la integramos. Estamos funcionando correctamente, se dictan sentencias, vamos a seguir haciéndolo más allá de todas las opiniones,” afirmó.
La renuncia de García Mansilla no solo deja a la Corte Suprema con tres integrantes, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de las designaciones en comisión y el rol del Senado en el control de estas decisiones. Este caso podría sentar un precedente clave para definir los límites y alcances de las atribuciones del Poder Ejecutivo en la designación de jueces. En su carta de renuncia, García Mansilla cuestionó la creencia “errónea” de que la Corte Suprema puede funcionar adecuadamente con sólo tres jueces, describiendo esto como “un espejismo institucional.” También abordó las críticas que recibió por aceptar el cargo tras ser designado por decreto, rechazando las acusaciones por supuestas contradicciones en sus declaraciones y denunciando la falta de nombramientos en otros cargos importantes, como el de Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo, que llevan vacantes varios años.
En resumen, la renuncia de Manuel García Mansilla es un reflejo de las tensiones políticas y jurídicas que han caracterizado recientemente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su breve pero intensa trayectoria en el máximo tribunal ha dejado un legado de controversia y ha planteado cuestiones fundamentales sobre la independencia judicial y las atribuciones del Poder Ejecutivo en la designación de jueces.
