Legisladores opositores presentaron una denuncia contra la ministra Patricia Bullrich, acusándola de planificar una represión para establecer un régimen de excepción en Argentina, violando garantías constitucionales.
En una conferencia de prensa celebrada en la Cámara de Diputados, legisladores del bloque Unión por la Patria presentaron una denuncia contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros altos funcionarios. Germán Martínez, presidente del bloque, señaló que la represión ocurrida la semana pasada durante la votación de la Ley Bases es parte de “un plan represivo para establecer en la Argentina un régimen de excepción en contra de las garantías constitucionales”. Además, Martínez denunció que la agresión sufrida por los diputados de su bloque fue “planificada y dirigida”, y reclamó la liberación de los detenidos, a quienes calificó como “presos políticos”.
La demanda, presentada este mediodía, incluye al secretario de Seguridad de la Nación, Vicente Ventura Barreiro, y al titular de la Prefectura Naval Argentina, Guillermo José Giménez Pérez. Los legisladores acusan a estos funcionarios de privación ilegal de la libertad, imposición de tortura, lesiones graves, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos. La denuncia recayó en el juzgado federal a cargo del juez Ariel Lijo.
Durante la conferencia, Martínez estuvo acompañado por varios integrantes de su bloque, entre ellos Leopoldo Moreau, Carolina Yutrovic y Carlos Castagneto. Martínez expresó su preocupación por el desprecio del presidente Javier Milei hacia el Congreso y la división de poderes, subrayando que los hechos de la semana pasada demuestran esta actitud. Moreau también se refirió a la denuncia presentada, señalando que se dirige no solo contra los diputados, sino también contra ciudadanos y periodistas, quienes han sido presionados para no expresar sus opiniones libremente.
“Milei y la ministra Patricia Bullrich han desatado un claro plan represivo en la Argentina”, afirmó Martínez, advirtiendo que la represión no se limita a los diputados, sino que afecta a ciudadanos y periodistas, muchos de los cuales aún no han recuperado su libertad. La denuncia subraya el impacto de estas acciones en la libertad de expresión y los derechos humanos en el país.
Los legisladores señalaron que esta situación es inaceptable y que continuarán luchando por la liberación de los detenidos y la defensa de las garantías constitucionales en Argentina. La presentación de la denuncia es un paso significativo en esta dirección, buscando responsabilizar a los funcionarios involucrados y detener las prácticas represivas que han afectado a numerosos ciudadanos.
