El tribunal de Morón rechaza el pedido del ex sacerdote para obtener la libertad anticipada tras haber cumplido más de una década de condena. Las víctimas y el fiscal se oponen a la liberación.
El padre Julio César Grassi, de 68 años, continuará cumpliendo su condena en la cárcel bonaerense de Campana, luego de que el Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón decidiera rechazar su solicitud para acceder a la libertad condicional. Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual infantil y corrupción de menores agravados, había solicitado la libertad anticipada tras haber cumplido 11 años de su condena. En la audiencia, el religioso reiteró su inocencia y se mostró dispuesto a reintegrarse a la sociedad, argumentando que su historial pastoral y su formación académica en prisión le permitirían contribuir positivamente.
Durante la audiencia, presidida por la jueza Mariana Maldonado y acompañada por los magistrados Juan Carlos Uboldi y Claudio José Chaminade, el padre Grassi fue representado por sí mismo desde la Unidad Penitenciaria N°41. A pesar de su alegato en el que destacó su supuesta inocencia y su preparación para la reintegración social, tanto los querellantes como el fiscal se manifestaron en contra de su liberación. El fiscal Mario Ravizzini argumentó que la negativa de Grassi a reconocer su culpabilidad y la gravedad de los delitos cometidos son razones suficientes para denegar su solicitud.
La presidenta del tribunal, Mariana Maldonado, junto a sus colegas, determinó que el pedido de libertad condicional no cumplía con los requisitos legales necesarios. Grassi, quien realizó una defensa propia y presentó casos internacionales para respaldar su posición, no logró convencer al tribunal. El informe psicológico realizado durante el proceso de libertad condicional no mostró indicios de que Grassi tuviera una actitud que justificara su liberación, según el fiscal y el abogado de la víctima, Sergio Piri.
En su alegato, Grassi también mencionó su preparación académica en el ámbito legal y su deseo de trabajar en el área pastoral para personas detenidas, en caso de obtener la libertad condicional. Sin embargo, los representantes de las víctimas y el fiscal destacaron que la falta de reconocimiento de los delitos y la posible reinterancia delictiva eran obstáculos importantes para su liberación. Sergio Piri y el querellante Juan Pablo Gallego coincidieron en que Grassi no había demostrado un cambio significativo durante su tiempo en prisión.
El rechazo a la libertad condicional se suma a una serie de fallos en contra del sacerdote desde que fue condenado en 2009. La condena, confirmada por la Corte Suprema en 2017, estableció que Grassi debía cumplir hasta el 2028 en prisión, después de haber sido desestimados sus intentos de apelar la sentencia.
