La movilización por la candidatura de Morales hacia La Paz enfrenta obstáculos, mientras el gobierno de Luis Arce denuncia un intento de desestabilización. La tensión social se intensifica en el país andino.
Este martes, comenzó en Bolivia una marcha convocada por el ex presidente Evo Morales en defensa de su candidatura para las elecciones presidenciales de 2025. La movilización, que partió desde Caracollo en la región andina de Oruro, avanzó aproximadamente 30 kilómetros hasta el pueblo de Panduro. Sin embargo, en el camino, los marchantes se encontraron con “grupos de choque” leales al presidente Luis Arce, generando una situación de tensión y violencia.
Morales denunció que el gobierno había ordenado la represión de sus seguidores y la detención de senadores afines al Movimiento al Socialismo (MAS). A través de la red social X, el exmandatario afirmó que la “emboscada” organizada por el gobierno fracasó, destacando la resistencia de los marchantes a pesar de las intimidaciones. Las tensiones se intensificaron en Vila Vila, donde se produjeron detonaciones de petardos entre los movilizados y un grupo de mineros alineados con Arce.
Morales y sus seguidores advirtieron sobre la posibilidad de bloqueos nacionales si el gobierno no responde a sus demandas de diálogo. La marcha es presentada por sus organizadores como una cruzada para “salvar a la patria” ante problemas económicos. En este contexto, los marchantes exigen el retorno de Morales a la presidencia.
Paralelamente, grupos indígenas han comenzado a bloquear rutas cercanas al lago Titicaca, exigiendo la renuncia de Arce y su vicepresidente, David Choquehuanca. Esta situación ha llevado al gobierno a calificar la marcha como un posible “intento de golpe de Estado”.
El distanciamiento entre Morales y Arce se ha acentuado desde finales de 2021, debido a diferencias en la administración del Estado y la dirección del MAS. La candidatura de Morales genera controversia en el oficialismo, ya que el gobierno sostiene que no puede postularse nuevamente, mientras que sus sectores afines defienden su derecho a hacerlo. Ante esta compleja situación, la Iglesia católica boliviana ha instado a un diálogo entre las autoridades y los sectores movilizados, advirtiendo que los bloqueos de caminos no son la solución adecuada para los conflictos actuales en el país.
