Docentes universitarios de todo el país han convocado a un paro nacional en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada semanas atrás por el Congreso. La medida de fuerza, con un alto nivel de acatamiento y paralización de actividades en más de 60 universidades, tiene como objetivo exigir la restitución de los fondos recortados y garantizar el correcto funcionamiento de la educación superior pública.
La decisión presidencial de vetar la ley ha generado un fuerte malestar entre gremios docentes y no docentes, agrupados en la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), Conadu, Conadu Histórica, y la Unión Docentes Argentinos (UDA), así como en la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun). Según los sindicatos, la norma vetada representaba apenas el 0,1% del Producto Bruto Interno, pero permitía recomponer salarios, actualizar partidas por inflación y sostener programas estratégicos y de bienestar estudiantil, todos ellos afectados por los recortes y el deterioro salarial que, afirman, ya supera el 40% en el poder adquisitivo del sector.
El paro se sintió especialmente en la Ciudad Universitaria de Buenos Aires, donde diversas facultades permanecieron cerradas y la ausencia de estudiantes y trabajadores fue masiva. “El nivel de acatamiento fue muy fuerte, como no se veía últimamente, con todos los sectores universitarios y en todas las facultades”, definió Emiliano Cagnacci, secretario general de Aduba, ilustrando el clima de preocupación e incertidumbre reinante. Las medidas de protesta incluyeron clases públicas, asambleas y conferencias de prensa en diferentes puntos del país, en un intento por visibilizar los riesgos concretos que implican los recortes sobre el funcionamiento académico y científico.
Desde la Casa Rosada, el argumento central para el veto fue la falta de financiamiento genuino para cubrir el gasto adicional proyectado, estimado en más de $1 billón de pesos para 2025. El Poder Ejecutivo advirtió que aprobar esta ley “incrementaría de manera desproporcionada el gasto público sin recursos genuinos”, lo que podría derivar en emisión monetaria e impacto inflacionario, comprometiendo el equilibrio fiscal. Sin embargo, rectores y gremios universitarios rechazan esa postura y señalan que el sistema ya funciona con recursos mínimos, dependiendo cada vez más de fondos privados y donaciones para sostener hasta las tareas básicas, especialmente en investigación y extensión comunitaria.
Mientras tanto, la Cámara de Diputados ha convocado una sesión especial para intentar revertir el veto presidencial y debatir el futuro inmediato de la educación universitaria pública. Legisladores de distintas fuerzas pidieron al Gobierno diálogo y soluciones estructurales para evitar la paralización total de las universidades, que hoy enfrentan una escalada de tensión institucional y política sin precedentes. En paralelo, los gremios docentes preparan una marcha federal frente al Congreso y advierten que, de no haber respuestas concretas, el plan de lucha se profundizará con nuevos paros y movilizaciones a nivel nacional.
