El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que las mineras BHP y Lundin Mining formalizaron su pedido para ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con el proyecto Vicuña, un complejo de cobre, oro y plata en San Juan que el Gobierno ya presenta como la potencial inversión extranjera directa minera más grande de la historia argentina. El plan contempla el desarrollo de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol y, de acuerdo a la hoja de ruta oficial, implica un piso de USD 2.000 millones de inversión en los primeros dos años una vez aprobada la iniciativa.
El movimiento consolida a Vicuña como el primer gran proyecto minero que busca encuadrarse en el RIGI bajo la figura de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), una categoría que extiende la estabilidad del régimen de 30 a 40 años y acelera los beneficios para los inversores. En la práctica, esto significa acceso anticipado a exenciones de derechos de exportación, mejores condiciones para repatriar utilidades y un esquema impositivo más previsible para un emprendimiento que se piensa a varias décadas. El Gobierno interpreta este paso como una validación política y económica del esquema de incentivos que impulsó Javier Milei para atraer capitales de gran porte.
Desde el ámbito empresarial, la señal también es fuerte. Desde Lundin Mining definieron la presentación como un “hito clave” para avanzar en un proyecto distrital de cobre, oro y plata de escala global, mientras que la conducción de Vicuña Corp., la sociedad conjunta entre BHP y Lundin, remarcó que la apuesta refleja tanto la magnitud del capital requerido como la confianza en la Argentina como socio de largo plazo. La compañía estima recursos que ubican al distrito entre los más relevantes del mundo para estos metales y anticipa que el informe técnico integrado, clave para poner números definitivos a la inversión, se difundirá en el primer trimestre de 2026. En la previa, funcionarios y ejecutivos hablaron de un rango potencial que podría escalar a entre USD 12.000 y 15.000 millones en sucesivas etapas.
El impacto local se concentrará en San Juan, donde se espera que el proyecto se convierta en un motor de empleo, infraestructura y encadenamientos productivos asociados a la minería. Vicuña agrupa los yacimientos Josemaría y Filo del Sol en plena cordillera de los Andes, sobre el límite con Chile, en un esquema binacional desde el punto de vista geológico pero con la particularidad de que todas las inversiones amparadas por el RIGI se realizarán en territorio argentino. La proximidad de los depósitos permitiría compartir caminos, energía y servicios, con el objetivo de bajar costos y mejorar la competitividad exportadora del complejo.
Para la Casa Rosada, el ingreso de Vicuña al RIGI llega en un momento en que el oficialismo intenta reordenar el marco regulatorio del sector, en particular a través de cambios en la Ley de Glaciares que el Ejecutivo considera un cuello de botella para destrabar proyectos de cobre por decenas de miles de millones de dólares. En paralelo, el Ministerio de Economía busca mostrar que la combinación de reformas macro, apertura externa y beneficios fiscales de largo plazo empieza a traducirse en anuncios concretos. La apuesta es que este caso se convierta en un caso testigo: un proyecto ancla que marque el pulso de una nueva ola de inversiones mineras y, al mismo tiempo, ponga a prueba hasta dónde el RIGI logra equilibrar el atractivo para las multinacionales con las expectativas de desarrollo y control ambiental en las provincias mineras.
