Un reciente informe privado puso bajo la lupa el funcionamiento del sistema de pensiones no contributivas por discapacidad en Argentina, desnudando graves deficiencias en la gestión y serias desigualdades entre las provincias. La investigación, realizada por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), advierte sobre un escenario plagado de denuncias por corrupción, demoras burocráticas y recortes equivocados, todo en el marco de una prestación clave para millones de personas en situación vulnerable.
Según el informe, existen problemas estructurales en la administración por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde conviven la falta de controles efectivos y la ineficiencia. Un dato resulta especialmente llamativo: en la provincia de Chaco se registran 86 pensiones de invalidez por cada 1.000 habitantes, casi once veces el índice de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde apenas llegan a 8 cada 1.000 personas. El estudio subraya que en varias provincias del norte argentino el número de pensiones supera incluso al de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), lo que apunta a posibles irregularidades en la adjudicación y control de estos beneficios.
Entre 2000 y 2023, las pensiones por discapacidad crecieron de 75.000 a 1,2 millones, impulsando la necesidad de controles masivos. Sin embargo, las auditorías implementadas por ANDIS fueron fuertemente cuestionadas, tanto por su ejecución —utilizando procedimientos rudimentarios y citaciones masivas sin una estrategia clara— como por las consecuencias: largas colas en oficinas públicas, suspensión arbitraria de beneficios y reclamos de personas con discapacidades evidentes privadas injustamente de la ayuda estatal.
Las autoridades defendieron los controles como una medida imprescindible para garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan, pero desde organizaciones de derechos humanos y expertos en políticas sociales advierten que muchas de las bajas fueron aplicadas de modo automático y sin el debido acompañamiento, exponiendo a personas con discapacidad a situaciones de extrema vulnerabilidad. Además, entre las causas detectadas de irregularidades aparecen reiteración de estudios médicos y documentación dudosa, como el caso de una radiografía utilizada para distintas solicitudes en Chaco, lo que revela falencias graves en la fiscalización.
Frente a este panorama, el debate político se intensificó. El oficialismo resaltó el impacto fiscal de un sistema que, según cálculos gubernamentales, podría elevar el gasto en pensiones por discapacidad a más del 0,4% del PBI en 2026. Por otro lado, la reciente ley de discapacidad, aprobada con amplio respaldo en el Congreso pese al veto presidencial, busca mejorar el alcance y la transparencia del sistema, pero su implementación está demorada a la espera de definir el financiamiento necesario. Mientras tanto, las personas con discapacidad deben atravesar un sistema administrativo que, lejos de ser inclusivo y eficiente, continúa mostrando profundas desigualdades y falencias a nivel nacional.
