Un nuevo miércoles de tensión se vivió en las inmediaciones del Congreso de la Nación, cuando manifestantes y fuerzas de seguridad volvieron a enfrentarse durante una jornada de protestas. A medida que se aproximan las sesiones extraordinarias del Parlamento, distintos sectores sociales, sindicales y estudiantiles intensifican sus reclamos contra el gobierno nacional, en respuesta a las políticas de ajuste promovidas por la actual administración.
Desde temprano, columnas de organizaciones gremiales y movimientos sociales comenzaron a concentrarse sobre Avenida Rivadavia y las calles aledañas, en el contexto de un paro nacional de docentes universitarios y la tradicional marcha semanal de jubilados frente al Congreso.
La convocatoria, sostenida a lo largo del día por sindicatos como Conadu y Conadu Histórica, así como por organizaciones de trabajadores y jubilados, estuvo marcada por una fuerte presencia policial. Las fuerzas de seguridad desplegaron vallas, carros hidrantes y efectivos motorizados para custodiar los accesos al Palacio Legislativo. Las autoridades justificaron el operativo como necesario para “garantizar la libre circulación”, pero los manifestantes denunciaron un accionar represivo y una “criminalización de la protesta”.
A media tarde, las tensiones aumentaron. Algunos manifestantes intentaron avanzar sobre el cordón de la Policía de la Ciudad, exigiendo ser recibidos por legisladores para elevar sus pedidos, fundamentalmente la reapertura de paritarias, fondos para la universidad pública y la actualización de haberes jubilatorios. La respuesta fue tajante: agentes de seguridad avanzaron con escudos y gas pimienta, generando corridas, empujones y escenas de fuerte malestar. Varios manifestantes reportaron golpes y al menos una decena sufrió lesiones leves; desde la Coordinadora de Organizaciones Sociales aseguran que hubo “detenciones arbitrarias”, aunque el parte policial las minimizó como “identificaciones preventivas”.
En paralelo, el malestar social se extiende: mientras la Asociación de Trabajadores del Estado resolvía, en un plenario federal, la convocatoria a un paro nacional en rechazo a la inminente reforma laboral, piqueteros y agrupaciones barriales se organizan para una movilización masiva hacia el Obelisco y otras plazas del país en los próximos días. La disputa por la ley de financiamiento universitario —vetada inicialmente y luego aprobada sin fondos, según los gremios docentes—, la precarización de los salarios y la falta de atención oficial a sus reclamos son las principales banderas de los sectores movilizados.
Fuentes oficiales aseguraron que el dispositivo de seguridad buscó “evitar desbordes” y garantizar el normal funcionamiento de las actividades parlamentarias. Sin embargo, los manifestantes consideran que la calle sigue siendo el escenario donde defender sus derechos frente a un gobierno al que responsabilizan del deterioro de las condiciones sociales y laborales. El resultado: una nueva jornada de tensión, con imágenes de enfrentamientos, gritos y represión que volvieron a colocar en la agenda el debate por el derecho a la protesta y la respuesta estatal frente a la legítima demanda popular.
De fondo, se percibe un clima de incertidumbre y expectativa ante el inminente tratamiento de reformas económicas y laborales en el recinto. Mientras la calle se mantiene activa y movilizada, la pregunta sobre el futuro inmediato de la conflictividad social y la capacidad de respuesta del gobierno queda abierta, en una Argentina que, al acercarse a diciembre, enfrenta otro fin de año marcado por el conflicto y la protesta colectiva.
