Un nuevo miércoles de protestas volvió a tensar el centro porteño, cuando miles de personas se movilizaron hacia el Congreso de la Nación para expresar su descontento ante las últimas decisiones del oficialismo. Jubilados, trabajadores del Hospital Garrahan y las Abuelas de Plaza de Mayo encabezaron una jornada de reclamos múltiples, en un clima de firmeza, intenso operativo policial y expectativas de respuestas parlamentarias.
Tal como viene sucediendo cada semana, los jubilados se concentraron a partir de las 16 en la Plaza del Congreso, repudiando el veto presidencial a la ley que preveía mejoras en los haberes previsionales y prorrogaba la moratoria jubilatoria. “No llegamos a fin de mes”, repetían algunos manifestantes, visibilizando el reclamo por un incremento real en las jubilaciones mínimas, la restitución de los medicamentos gratuitos y el pedido por una recomposición que permita enfrentar la creciente inflación.
El malestar de los jubilados encontró eco y refuerzo en otros sectores. Desde el mediodía, trabajadores del Hospital Garrahan iniciaron su propia columna, reclamando la urgente aprobación de una ley de Emergencia Pediátrica con actualización salarial y reconocimiento del personal de salud. Según explicó el sindicalista Alejandro Lipcovich, el salario de los médicos y enfermeros “ha quedado desfasado respecto al costo de vida”, mientras los recortes presupuestarios afectan directamente la atención a la infancia vulnerable.
A la protesta se sumaron también las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes desde las 12 exigieron la protección del Banco Nacional de Datos Genéticos, institución clave para la búsqueda de nietos y la restitución de identidades robadas durante la última dictadura. El reclamo remite al temor de que el ajuste presupuestario y reformas impulsadas por el gobierno nacional afecten organismos fundamentales para la memoria y los derechos humanos.
Como reflejo de la tensión política, las calles aledañas al Congreso fueron vigiladas por un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad. La concentración se desarrolló en medio de vallas y con la presencia de móviles policiales estratégicamente ubicados, procurando evitar cortes de tránsito y aplicar el polémico “protocolo antipiquete” recientemente revalidado por el Ejecutivo. La presión policial no logró apagar la bronca de los manifestantes, quienes insisten en que la persistencia en la calle es la respuesta a los intentos de desalentar la protesta social.
El trasfondo institucional suma complejidad: mientras afuera se expresan las demandas populares, dentro del Congreso se discuten proyectos incómodos para el gobierno de Javier Milei, como el financiamiento universitario, la emergencia en salud pediátrica y la redistribución de fondos fiscales. Para los manifestantes —sean jubilados, trabajadores o Abuelas— la permanencia en la calle es hoy más que nunca un acto de resistencia frente al ajuste y la voluntad de “no ceder ante la motosierra del Ejecutivo”.
