El Gobierno nacional oficializó este miércoles la derogación de 71 normas comerciales, una decisión que impacta de lleno en el entramado regulatorio de la economía argentina y sus actores principales: consumidores, pymes e industrias. La medida, publicada a través de la Resolución 357/2025 en el Boletín Oficial, dejó sin efecto regulaciones vinculadas a programas emblemáticos como Precios Justos y la Ley de Góndolas, además de disposiciones complementarias de la ya derogada Ley de Abastecimiento y las vinculadas al extinto ente de conciliación COPREC.
Según destaca la Secretaría de Industria y Comercio, la eliminación de estas regulaciones se inscribe en el marco de una política de simplificación y desregulación, cuyo objetivo principal es reducir la burocracia, transparentar las relaciones comerciales y fomentar la libre competencia. Desde el Gobierno señalan que muchas de estas normas habilitaban controles de precios que consideran abusivos, exigían información que no era utilizada con fines específicos y fijaban regulaciones para programas que ya estaban desarticulados o en desuso.
Del total de las normas derogadas, 27 correspondían a resoluciones complementarias de la Ley de Abastecimiento, algunas de las cuales tenían más de medio siglo de vigencia y, en palabras oficiales, actuaban como trabas burocráticas en las relaciones de consumo. Además, 24 estaban orientadas al sistema de conciliación previa COPREC, que ya había sido eliminado en gestiones anteriores. Por otro lado, 20 reglamentaciones respondían a distintos programas y estímulos comerciales como Precios Justos, El Mercado en tu Barrio y el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos.
La justificación del Gobierno apunta a que muchas de estas regulaciones distorsionaban los precios finales, intervenían en mecanismos de control de precios e imponían requisitos de información a empresas y productores que no aportaban mejoras concretas al mercado interno. Entre los casos más llamativos, se destacan los controles sobre la producción y distribución de materiales e insumos para la construcción, la regulación de la producción algodonera y la fijación de precios máximos durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
No obstante, la medida provocó preocupación en algunos sectores, especialmente entre las pymes y asociaciones de consumidores, que advierten el riesgo de que la desregulación se traduzca en mayores dificultades para controlar la evolución de los precios y la protección de los usuarios finales, en un contexto económico ya marcado por la inflación. Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que estas medidas responden a una estrategia integral que busca lograr un ordenamiento jurídico más eficiente y eliminar las trabas administrativas, con la expectativa de promover una mayor competencia y dinamismo en el mercado interno argentino.
