La Cámara Baja aprueba un proyecto que considera a la educación como un “servicio estratégico esencial”, imponiendo guardias mínimas durante huelgas. El proyecto ahora será analizado por el Senado.
La Cámara de Diputados aprobó recientemente una controvertida propuesta conocida como Ley Finocchiaro, que define a la educación como un “servicio estratégico esencial” y establece que las escuelas deben permanecer abiertas durante los días de paro. Este proyecto, impulsado por el exministro de Educación Alejandro Finocchiaro, exige que cada institución educativa mantenga una guardia mínima de personal directivo, docente y no docente durante las huelgas para asegurar la continuidad de las clases. Con una votación de 131 a favor, 95 en contra y 2 abstenciones, la medida ahora se enviará al Senado para su consideración final.
El proyecto estipula que durante los dos primeros días de paro, al menos el 30% del personal de la escuela debe estar presente. Si la huelga se extiende más allá de este período, el porcentaje de personal requerido aumentará al 50%. Esta medida busca equilibrar el derecho de los docentes a manifestarse con el derecho de los estudiantes a recibir educación, según la presentación de Finocchiaro. “Buscamos un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y el derecho de los chicos a educarse”, comentó el legislador.
El debate en la Cámara de Diputados reflejó una profunda división entre los distintos bloques políticos. Mientras que el PRO y sus aliados defendieron la ley como una herramienta para limitar “paros políticos” y evitar la interrupción del servicio educativo, los opositores argumentaron que la ley atenta contra el derecho a la huelga y no resuelve los problemas estructurales del sistema educativo. María Eugenia Vidal, del PRO, defendió la iniciativa señalando que se trata de una medida para evitar la extorsión sindical, no contra los docentes en sí.
Por otro lado, los diputados de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda rechazaron la ley, argumentando que no aborda las verdaderas causas de las huelgas y que puede ser utilizada para restringir derechos laborales. Itai Hagman, de Unión por la Patria, criticó la propuesta por enfocarse en los paros docentes en lugar de en problemas más profundos como el desfinanciamiento y la infraestructura escolar. “Estamos hablando de un proyecto que no resuelve los verdaderos problemas del sistema educativo”, sostuvo Hagman.
El proyecto de ley también incluye una disposición para que al inicio de cada año, los equipos directivos de las escuelas informen a las autoridades sobre el personal disponible para cumplir con la ley durante los paros. Esta medida pretende permitir una planificación anticipada y evitar la interrupción completa del servicio educativo. Sin embargo, los críticos sostienen que esta normativa podría transformar el problema en uno de mera “guardería” en lugar de abordar las necesidades educativas reales de los estudiantes.
