Activistas de Futuro Vegetal atacan la propiedad de Messi en Ibiza con pintura y pancartas, criticando la construcción ilegal y las políticas climáticas del gobierno. Exigen un cambio hacia la justicia social y ambiental.
En un acto de protesta que ha captado la atención internacional, activistas del colectivo Futuro Vegetal han atacado la residencia de Lionel Messi en Ibiza. El incidente ocurrió el pasado martes y se caracterizó por el lanzamiento de pintura roja y negra sobre la fachada de la lujosa propiedad. Además, los manifestantes desplegaron una pancarta con el lema ‘Help the Planet – Eat the Rich – Abolish the Police’ (‘Ayuda al planeta, cómete un rico y abolir la policía’). La acción busca denunciar lo que el grupo considera una profunda injusticia social y ambiental.
Futuro Vegetal justifica su protesta con la afirmación de que la vivienda de Messi, adquirida por 11 millones de euros, es una construcción ilegal. Según el colectivo, la operación inmobiliaria del futbolista representa un ejemplo claro de cómo las leyes no se aplican de manera uniforme, beneficiando a los más adinerados. La organización ha criticado duramente las políticas del gobierno de Pedro Sánchez, alegando que estas favorecen a grandes corporaciones cárnicas y energéticas, las cuales son responsables del incremento de las emisiones de carbono y el calentamiento global.
La crítica de Futuro Vegetal también se extiende a la reciente situación en Ibiza, donde se han producido desahucios de casi 200 trabajadoras de un asentamiento. El grupo sostiene que el Partido Popular, en alianza con Vox, está promoviendo la legalización de edificaciones ilegales mediante un pago, lo cual consideran una política que prioriza a los ricos sobre los derechos básicos de la población. “Esto refleja un sistema que protege a los poderosos mientras ignora las necesidades de los más vulnerables”, asegura Bilbo Bassaterra, portavoz del colectivo.
Además, Futuro Vegetal ha cuestionado el rol de las instituciones y de la policía, a quienes acusan de mantener un orden que beneficia a las clases dominantes. Según el colectivo, el actual sistema es incompatible con la búsqueda de soluciones efectivas para la crisis climática. Los activistas argumentan que el mantenimiento del orden público y la promoción de la industria turística por parte del gobierno autonómico no abordan adecuadamente los problemas ambientales, como la ola de calor y la crisis hídrica que afectan a las islas Baleares.
