La quinta Marcha Federal Universitaria se llevó a cabo este jueves frente al Congreso de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, con una notable participación de estudiantes, docentes, trabajadores y organizaciones sindicales. La movilización tuvo como principal objetivo reclamar la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y solicitar mayores recursos para asegurar el funcionamiento adecuado de las universidades públicas.
La concentración se desarrolló mientras el Congreso seguía con su actividad legislativa. Las organizaciones convocantes cuestionaron al Gobierno nacional por el evidente deterioro presupuestario del sistema universitario y advirtieron que la falta de financiamiento pone en riesgo tanto los salarios del personal como el dictado de clases, la investigación y la continuidad de distintos servicios académicos.
Durante la tarde, la protesta estuvo marcada por enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y las fuerzas de seguridad. Los episodios más tensos se registraron en las inmediaciones de las avenidas Rivadavia y Callao, junto a otros sectores cercanos al Palacio Legislativo. Según los reportes difundidos, algunos participantes arrojaron piedras e intentaron superar las vallas instaladas alrededor del Congreso.
Como respuesta, los efectivos emplearon gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes. También se notificó que resultaron dañados bancos y baldosas de la Plaza Congreso, elementos que, según las autoridades, habrían sido utilizados como proyectiles durante los disturbios.
El operativo dejó personas heridas tanto entre los manifestantes como entre las fuerzas de seguridad. El Ministerio de Seguridad informó que ocho efectivos resultaron lesionados: cuatro miembros de Gendarmería, dos de Prefectura Naval y dos de la Policía Federal. Paralelamente, distintas organizaciones denunciaron que muchos participantes necesitaron atención médica debido a los efectos de los gases y el impacto de proyectiles.
La cifra de detenidos varió según las fuentes consultadas. Algunos reportes mencionaron 25 personas arrestadas, mientras que otros señalaron 31 detenciones en distintos puntos de la ciudad, incluidos dos adolescentes de 14 y 17 años. En el expediente judicial conocido hasta el momento, varios de los detenidos han sido vinculados a acusaciones por resistencia o desobediencia a la autoridad.
Tras los incidentes, el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal contra los manifestantes involucrados. El documento contempla posibles delitos como resistencia y atentado contra la autoridad, daño agravado y atentado contra el orden constitucional, aunque hasta ahora no se habían confirmado imputaciones por todas esas figuras legales.
La jornada culminó en un escenario de tensión política y judicial. Mientras el Gobierno defendió el despliegue de las fuerzas y anticipó nuevas acciones legales, las organizaciones universitarias reafirmaron sus reclamos presupuestarios y cuestionaron el accionar policial. El balance definitivo sobre las responsabilidades individuales, la situación procesal de los detenidos y el número total de heridos quedó a la espera de la investigación judicial.
