El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, cuestionó con dureza el Proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso y advirtió que, tal como está redactado, consolida un escenario en el que las universidades públicas dejan de ser prioridad y se mantiene el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Según su mirada, el texto oficial no sólo desatiende las necesidades del sistema de educación superior, sino que además desconoce fallos judiciales que obligan al Estado a actualizar salarios y recursos de acuerdo con la inflación acumulada. Para el dirigente universitario, el Presupuesto se convierte así en la síntesis de una política que deja al conocimiento, la ciencia y la formación profesional en un segundo plano.
Yacobitti sostuvo que el Presupuesto es, en última instancia, la expresión concreta de las prioridades de gobierno: “Dentro de esas prioridades no está el sistema público de universidades. Tampoco está cumplir la ley”, resumió, al analizar las partidas previstas para 2027. El punto central de su crítica es la exclusión práctica de la Ley 27.795, la norma de financiamiento universitario que establece mecanismos de actualización automática de los recursos y que fue aprobada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y posteriormente ratificada por la Justicia, incluida la Corte Suprema. Para el vicerrector, el mensaje que deja el proyecto oficial es claro: el Poder Ejecutivo “tiene pensado no cumplir la ley, ni siquiera darle prioridad”.
En su análisis, Yacobitti subrayó que el Presupuesto 2027 no incorpora la ejecución de los fallos judiciales en materia salarial, lo que genera una brecha significativa entre lo que solicitan las universidades y lo que ofrece el Gobierno. Según explicó, la diferencia central entre el cálculo elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la propuesta oficial radica en que el primero contempla la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras que el segundo la omite. Esa omisión impacta directamente sobre los sueldos de docentes y no docentes, investigadores y profesores, que deberían actualizarse conforme a la inflación acumulada para evitar una pérdida estructural del poder adquisitivo.
El vicerrector también alertó por la situación de los fondos vinculados a ciencia, tecnología y obras de infraestructura universitaria, sectores que ya vienen registrando recortes significativos. De acuerdo con sus declaraciones, ciertas partidas asociadas a la UBA tuvieron caídas de hasta 85% desde 2023, y el plan de obras para universidades habría sufrido un desplome cercano al 92% en obras y mantenimiento. Ese ajuste, insistió, no sólo compromete el funcionamiento cotidiano de las instituciones, sino que pone en riesgo proyectos científicos, laboratorios y hospitales escuela, que dependen de presupuesto estable para seguir operando. En este contexto, las universidades reclaman que se incorpore en el Presupuesto una ampliación de recursos que respete la ley vigente y las decisiones judiciales.
La disputa por el Presupuesto 2027 se inscribe en un conflicto más amplio entre el sistema universitario y el Gobierno nacional, atravesado por marchas, paros y presentaciones judiciales. En los últimos meses, rectores y gremios docentes reclamaron incrementos de más del 40% en salarios y un aumento de alrededor del 49% en las partidas globales para poder cumplir con la Ley de Financiamiento y enfrentar la inflación prevista para el próximo año. Al mismo tiempo, la UBA denunció demoras en la transferencia de recursos para los hospitales universitarios, que cuentan con una partida específica en el Presupuesto 2026 y que, según la universidad, no se habría ejecutado. Frente a ese escenario, Yacobitti advirtió que “el reclamo se hará de ahora en adelante con foco también en la Justicia”, dando por hecho que el conflicto se trasladará a los tribunales.
Aunque el Gobierno defiende el proyecto y sostiene que está cumpliendo la ley, las universidades insisten en que la lectura oficial del marco normativo es errónea y que los números del Presupuesto contradicen tanto la letra de la norma como los fallos de la Corte Suprema. La eliminación de pisos mínimos de inversión en educación y ciencia, establecida en artículos clave de presupuestos anteriores, ya había sido cuestionada por el vicerrector al considerar que implica “resignarse a vivir en un país más desigual y con menos desarrollo”. Ahora, con el envío del Presupuesto 2027, Yacobitti vuelve a encender las alarmas: a su juicio, si no se corrigen las partidas y no se cumple la Ley de Financiamiento Universitario, el sistema público de educación superior quedará sometido a una política de ajuste permanente, con impacto directo en salarios, investigación, infraestructura y servicios esenciales como los hospitales universitarios.
