El Gobierno argentino ha decidido, al menos por ahora, no proseguir con la reforma de la Ley del Libro y ha confirmado que la iniciativa no será tratada en el Congreso. Esta decisión fue ratificada por el presidente Javier Milei, en medio de la polémica generada por el posible fin del precio fijo para los ejemplares.
Según versiones oficiales, la propuesta impulsada por el Ministerio de Desregulación buscaba eliminar la obligación de vender los libros al mismo precio en todos los canales, una norma vigente desde 2001 diseñada para proteger la actividad librera. Sin embargo, la presión del sector editorial y de las librerías aceleró la retirada del proyecto.
En declaraciones recogidas por Infobae, la senadora Patricia Bullrich señaló que la decisión del bloque era “avanzar hacia medidas más estructurales” y aclaró que “farmacias y librerías no lo son”, refiriéndose a los comercios alcanzados por posibles reformas. Desde el entorno del ministro Federico Sturzenegger, en cambio, voceros afirmaron que “no hay nada definido” y clarificaron que la ley no está actualmente en ningún proyecto para debatir.
La discusión había encendido alarmas en el mundo editorial, puesto que la derogación del precio uniforme podría modificar de manera profunda el mercado del libro. Libreros y editores advirtieron que una liberalización total podría favorecer a las grandes cadenas y plataformas digitales, pero pondría en riesgo a las librerías independientes y reduciría la diversidad de títulos disponibles.
Por el momento, la norma seguirá vigente y el sector librero gana tiempo frente a un cambio que estaba incluido en la agenda desreguladora del Gobierno. Aun así, distintas fuentes oficiales no descartan por completo una discusión futura, aunque admiten que hoy la reforma ha quedado fuera de los proyectos que podrían llegar al Parlamento.
