El Gobierno nacional ha realizado un cambio significativo en su política sanitaria al reglamentar el cobro por atención médica a extranjeros sin residencia permanente en Argentina. Esta medida, aplicada en hospitales administrados por la Nación, pone fin a la gratuidad universal para este grupo y abre un nuevo debate sobre el financiamiento del sistema de salud público. Según la normativa, las emergencias continuarán siendo atendidas sin restricciones ni demoras, pero las prestaciones habituales, como consultas, estudios e internaciones programadas, requerirán un seguro médico válido o el pago previo de un arancel.
El esquema distingue claramente entre quienes ya están radicados en el país y quienes están de paso. Los extranjeros con residencia permanente seguirán accediendo al sistema sanitario público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos, acreditando esta categoría con el DNI para extranjeros o con la constancia de residencia en trámite. En cambio, turistas, residentes temporarios, migrantes en situación irregular o con residencia “precaria” tendrán que demostrar que cuentan con un seguro de salud adecuado o asumir de su bolsillo el costo de las prestaciones no urgentes. En términos prácticos, esto significa que la atención ambulatoria, los tratamientos prolongados y las prácticas programadas dejarán de ser gratuitas para quienes no puedan demostrar que “habitan establemente” en Argentina.
La nueva regulación se apoya en cambios previos a la Ley de Migraciones y en un decreto del Poder Ejecutivo que permitió el arancelamiento de servicios de salud para extranjeros no residentes. Basado en esta base jurídica, el Ministerio de Salud aprobó un “procedimiento operativo” que detalla cómo deben actuar los hospitales nacionales ante pacientes extranjeros sin residencia permanente. El instructivo establece dos circuitos de cobro: si el paciente tiene cobertura, el hospital notificará a la aseguradora en las primeras 24 horas y emitirá una factura electrónica de exportación de servicios, con un plazo de 45 días para el pago antes de iniciar acciones judiciales. Si el paciente no tiene seguro, se exigirá el pago adelantado del 100% del costo de la prestación, calculado según el nomenclador vigente.
Uno de los puntos más sensibles de la resolución es la atención a las situaciones de emergencia. El Gobierno ha definido un catálogo de cuadros de riesgo de vida, como infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves, quemaduras extensas, emergencias obstétricas, pediátricas y neonatales, entre otros, que el sistema sanitario deberá atender sin demoras. En estos casos, la atención seguirá siendo gratuita y no estará condicionada a la presentación de seguros o al pago previo. Una vez superada la urgencia, cualquier atención posterior no inmediata se acogerá al nuevo régimen de cobro. El Estado mantiene un piso humanitario en materia de urgencias, pero modifica sustancialmente el acceso gratuito a la salud para extranjeros en el resto de las prestaciones.
El alcance inmediato de la medida es limitado, pero simbólicamente significativo. La reglamentación se aplica a los cinco hospitales de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), creada en 2025 bajo el Ministerio de Salud, incluyendo el Hospital Posadas y el Sommer, con sus centros nacionales especializados. Sin embargo, quedan excluidos, por el momento, los hospitales con gestión compartida entre Nación y provincias, como el Garrahan, que deberán aprobar procedimientos propios si deciden replicar el esquema. Según datos oficiales, los extranjeros sin residencia representan alrededor del 6% de los pacientes atendidos en los hospitales nacionales, lo que limita el impacto inmediato, pero refuerza el mensaje político de que la atención médica gratuita ya no será la regla para quienes no están radicados de forma permanente en el país. En paralelo, varias provincias que ya experimentaban cobros a extranjeros sin DNI u otros comprobantes de residencia se alinean ahora con la orientación del gobierno nacional, en un contexto más amplio de endurecimiento de la política migratoria y revisión del modelo de gratuidad de servicios públicos como la salud y la educación.
