El Gobierno y Aeropuertos Argentina están enfrascados en una intensa disputa por la renegociación de la concesión de las principales 35 terminales aeroportuarias del país, en un contexto donde se encuentran paralizadas obras por más de USD 600 millones. Mientras la empresa denuncia una falta de definición contractual, fuentes oficiales aseguran que el expediente sigue en curso y que el objetivo es cerrar el proceso antes de fin de año.
Según la información difundida por Infobae, el conflicto se centra en la falta de una resolución sobre el contrato con el Estado, lo que mantiene en suspenso las inversiones directas a cargo del concesionario. Ese paquete, de acuerdo con fuentes oficiales, representa entre el 10% y el 15% del plan total de obras previsto para la red aeroportuaria.
Desde el Gobierno afirman que la negociación no está paralizada y que se trabaja con respaldo técnico para validar las proyecciones económicas y financieras que servirán como base para un eventual acuerdo. También indicaron que el análisis se lleva a cabo junto con consultoras independientes y que existen actas firmadas en el marco de la discusión con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y la Secretaría de Transporte.
La versión oficial contrasta con la postura de Aeropuertos Argentina, que considera razonable que la definición llegue recién en diciembre de 2026. La compañía había esperado cerrar las negociaciones a comienzos de este año, pero el entendimiento sigue pendiente.
En paralelo, el Gobierno ha endurecido su discurso y advierte que la falta de inversiones podría poner en riesgo la continuidad de la concesión. Clarín informó que, desde la Casa Rosada, incluso no descartan sanciones o la finalización del vínculo si no se cumplen los compromisos de infraestructura previstos.
La disputa revela una diferencia de diagnóstico entre las partes: para la concesionaria, el proceso está virtualmente congelado; para el oficialismo, avanza de manera “ágil” y “puntillosa”. Mientras tanto, las obras aeroportuarias siguen detenidas a la espera de una definición contractual que habilite los desembolsos.
