Uno de los veedores designados para supervisar los balances y contratos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó su renuncia, lo que obliga al Gobierno nacional a redefinir el esquema de control sobre las finanzas del fútbol argentino. El abogado Agustín Ortiz de Marco, nombrado en ese rol clave, dejó su puesto en un momento sensible para la entidad que conduce la actividad futbolística del país, generando interrogantes sobre la continuidad de la fiscalización estatal.
La dimisión de Ortiz de Marco se produce en el marco de un acuerdo entre el Gobierno y la AFA, mediante el cual se establecieron veedores para garantizar transparencia en la gestión económica de la asociación. Este mecanismo buscaba evitar irregularidades en los balances financieros y contratos, tras años de críticas por opacidad en el manejo de fondos provenientes de derechos de televisión, sponsors y otras fuentes de ingresos. La salida del veedor pone en jaque la efectividad de este control, ya que deja vacante una posición esencial para el escrutinio independiente.
El Gobierno deberá ahora acelerar la designación de un reemplazante o reformular por completo el sistema de veeduría, según fuentes cercanas al Ministerio de Deportes y la Secretaría de Deportes. Esta redefinición podría implicar modificaciones en el decreto que regula la intervención, posiblemente ampliando el número de veedores o incorporando expertos con perfiles más técnicos en auditoría y compliance. La AFA, por su parte, enfrenta presiones para demostrar avances en su saneamiento financiero, en un contexto de deudas acumuladas y reclamos de clubes de inferiores.
La renuncia genera preocupación en el ecosistema del fútbol argentino, donde los balances de la AFA han sido históricamente un punto de conflicto. Ortiz de Marco, con experiencia en derecho deportivo, era visto como un garante de imparcialidad, y su partida podría interpretarse como un retroceso en los esfuerzos por modernizar la gestión de la entidad. Analistas del sector advierten que, sin una veeduría sólida, persisten riesgos de malversación o contratos leoninos que afecten a los hinchas y contribuyentes.
Este episodio resalta las tensiones entre el poder político y el fútbol profesional en Argentina, un deporte que mueve miles de millones de pesos anuales. Mientras el Gobierno evalúa opciones, la AFA deberá rendir cuentas en próximas auditorías, y la opinión pública espera medidas concretas para restaurar la confianza en sus finanzas. La redefinición del control no solo impactará los balances inmediatos, sino también la credibilidad a largo plazo del fútbol nacional.
