¡Atención, che! El Gobierno nacional anunció con bombos y platillos la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos con Estados Unidos, un paso gigante que busca abrir mercados y atraer dólares frescos en medio de la grieta económica que nos tiene a todos con el corazón en la boca. Cerrado este jueves en Washington tras meses de idas y venidas desde fines de 2025, el pacto lo firmó el canciller Pablo Quirno y ya está listo para que el Congreso le dé el visto bueno, aunque no antes de marzo porque se acabaron las sesiones extraordinarias. Es un esquema de liberalización bilateral que mezcla reducciones de aranceles con compromisos en regulaciones, inversiones y hasta estándares laborales, y entra en vigencia 60 días después de que ambos lados cumplan los trámites legales.
En el fondo del asunto arancelario, Argentina se compromete a eliminar por completo los impuestos de importación para 221 posiciones de productos estadounidenses, como maquinaria, dispositivos médicos, químicos y autopartes, mientras reduce al 2% otros 20 ítems y pone cuotas para sensibles como carne vacuna (80.000 toneladas al año), vino (80.000 litros) y autos (10.000 unidades). Del otro lado, Estados Unidos suprime aranceles para 1.675 líneas arancelarias argentinas, abriendo la puerta a exportaciones por unos USD 1.013 millones, con énfasis en carne (hasta 100.000 toneladas extra, que podrían sumar USD 800 millones), acero, aluminio y recursos naturales. Pero ojo, no todo es miel sobre hojuelas: muchos beneficios vienen con topes cuantitativos, y EE.UU. ya importa 40 veces más que lo que nos compra a nosotros, con su mercado de 348 millones de habitantes contra nuestros 46 millones.
Más allá de los números fríos, el acuerdo mete mano en barreras no arancelarias, obligando a Argentina a eliminar licencias no automáticas para bienes estadounidenses, reconocer estándares técnicos de EE.UU. sin vueltas extras, y aceptar certificados sanitarios para carnes y aves sin poner trabas encubiertas. Se suman capítulos importantes como propiedad intelectual, donde se blindan patentes; empresas estatales que no podrán discriminar contra proveedores de EE.UU.; servicios digitales e impuestos; y un guiño a minerales críticos como el litio, energía y telecomunicaciones, facilitando inversiones estadounidenses con trato igual al de los locales. Además, Argentina deberá prohibir importaciones de bienes hechos con trabajo forzoso y alinear normas laborales, mientras se modernizan aduanas con procesos digitales y sin papeles.
Desde el sector privado, las cámaras empresariales muestran una recepción tibia: la CACyS lo ve como un “avance en la reinserción global” para sumar intercambio, financiamiento y tecnología, pero piden ver la letra chica antes de celebrar. El Gobierno lo pinta como un hito estratégico para alinear con Washington en un mundo tenso por China y recursos clave, atrayendo inversiones en minería y agro. Sin embargo, no faltan los ceños fruncidos: industrias locales protegidas temen la avalancha de productos estadounidenses hipercompetitivos, como maquinaria y tecnología, y economistas advierten que el impacto real depende de la implementación, no solo de la firma.
¿Sale ganando Argentina o se subordina? Hay voces críticas que lo tildan de asimétrico, con EE.UU. cediendo poco sobre lo que ya compraba mientras nosotros abrimos todo y perdemos soberanía regulatoria en alimentos, medicamentos y más. Otros lo celebran como un alineamiento geopolítico que redefine nuestro lugar en el mundo, potenciando exportaciones agroindustriales y corrigiendo la balanza comercial desbalanceada. Lo cierto es que, en este contexto global, el pacto llega en hora buena para inyectar dólares y previsibilidad, pero el jurado –o sea, el Congreso y el sector productivo– todavía está deliberando. Seguiremos de cerca cómo evoluciona este tango bilateral.
