A los 104 años, Antonia —quien atravesó un siglo de historia argentina, vio pasar gobiernos, crisis y celebraciones— enfrentó un hecho inesperado: quedó fuera del padrón electoral y no pudo ejercer su derecho al voto en las últimas elecciones nacionales. Para ella, votar era mucho más que un simple trámite; era el símbolo de su ciudadanía activa y su modo de participar en la vida democrática del país, ese mismo país que la vio crecer desde los albores del siglo XX y enfrentar cada una de sus transformaciones.
Antonia vive en Villa Devoto y es una vecina conocida por su lucidez y compromiso con los valores de la comunidad. Sin embargo, cuando sus familiares la acompañaron a la escuela donde solía sufragar desde hace más de 80 años, el asombro fue total: su nombre no figuraba en el padrón definitivo, pese a que había emitido su voto normalmente en la elección anterior. “Fui toda la vida a votar, incluso en momentos difíciles, nunca falté”, lamentó, visiblemente afectada por la situación.
Su caso puso en evidencia la rigidez y los problemas administrativos que persisten en el sistema electoral argentino. En nuestro país, para poder votar es indispensable estar inscripto en el padrón electoral, un registro que elabora la Cámara Nacional Electoral y que se actualiza periódicamente. La normativa prevé la depuración automática de personas fallecidas y contempla inhabilitaciones en casos excepcionales. Pero no hay una norma que excluya a los votantes por causa de edad avanzada mientras estén en pleno uso de sus derechos civiles.
La familia de Antonia intentó encontrar una explicación: la señora no cambió de domicilio, su documento estaba en regla y continúa gozando de buen estado de salud. Las consultas ante las autoridades electorales quedaron sin una respuesta clara. Esta incertidumbre avivó el debate sobre la necesidad de garantizar mecanismos para que el derecho al voto, conquistado a través de décadas de lucha y ampliaciones, no se vea cercenado por errores u omisiones administrativas.
Historias como la de Antonia despiertan un sentimiento paradójico: en el país donde el voto es sinónimo de conquista colectiva y parte esencial de la identidad republicana, una ciudadana centenaria se vio privada del acto democrático más elemental. Su experiencia invita a repensar los procedimientos y a renovar el compromiso social e institucional por asegurar la plena participación democrática de todos, sin distinción de edad ni de circunstancias.
