El reciente escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha sumido al gobierno de Javier Milei en una crisis política de final incierto. El caso estalló tras la divulgación de una serie de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular del organismo, en los que se mencionan maniobras de corrupción vinculadas a la compra de medicamentos, con supuestos sobreprecios del 27%, y señalamientos directos a figuras del entorno presidencial, como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
En respuesta a la repercusión pública de estos audios —que trascendieron tanto en medios como en el ámbito judicial—, Spagnuolo decidió presentarse de manera voluntaria ante la Justicia y aportar el material grabado al fiscal federal Franco Picardi. A la vez, designó como defensor al abogado penalista Ignacio Rada Schultze, desestimando la oferta de patrocinio por parte de dos estudios jurídicos sugeridos desde el propio Gobierno. Esta jugada fue interpretada como un movimiento estratégico de Spagnuolo, quien dejó entrever que, en caso de ser señalado como responsable, está dispuesto a exponer a otros funcionarios de la administración Milei, bajo la lógica de “si caigo yo, caen todos”.
En paralelo, la Justicia se movió con rapidez: el juez Sebastián Casanello y el fiscal Picardi ordenaron nuevos allanamientos en las sedes de la ANDIS y en la casa central de la droguería Suizo Argentina, empresa mencionada en los audios y cuyos dueños, Emmanuel y Jonathan Kovalivker, también quedaron involucrados. El objetivo de los procedimientos fue recolectar documentación y dispositivos electrónicos en busca de pruebas sobre la existencia de un circuito de sobornos relacionados con la compra de medicamentos. Un dato que acrecentó las sospechas fue la detección oficial de sobreprecios y la eliminación selectiva de información del celular de Spagnuolo.
El presidente Javier Milei reaccionó con dureza en el plano discursivo y anunció públicamente que se avanzaría en una denuncia penal contra Spagnuolo. Sin embargo, fuentes de la Casa Rosada admitieron que, al analizarlo jurídicamente, no encontraron una vía clara para concretar esa denuncia sin que ello derivara en una investigación sobre la propia gestión de gobierno. Por ello, el Ejecutivo optó por un sumario interno y una auditoría adicional, a la espera del avance de la investigación judicial.
El caso, lejos de cerrarse, sigue abierto. Mientras la Justicia analiza el contenido de los audios y el material recolectado, el expediente suma presión sobre el círculo más cercano a la presidencia. La dimensión política es inevitable: el posible giro de Spagnuolo en calidad de “imputado colaborador” pone bajo la lupa la integridad de las máximas figuras del Ejecutivo y podría tener consecuencias institucionales si prosperan las acusaciones sobre la participación de funcionarios de primer nivel.
