En solo seis meses, la cantidad de personas que duermen en la calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registró un incremento preocupante del 27%. Diversos relevamientos recientes realizados tanto por ONGs como por organismos estatales revelan que la problemática se agudiza y deja al descubierto la precarización de miles de vidas en el distrito más rico del país. El fenómeno, lejos de ser aislado, evidencia un patrón que responde a causas estructurales y a decisiones de política pública que enfrentan serias críticas por parte de especialistas y organizaciones sociales.
Fuentes oficiales indican que entre finales de 2023 y mediados de 2024, las personas en situación de calle pasaron de 3.286 a 4.049, según datos del gobierno porteño. Sin embargo, diferentes ONGs advierten que la cifra real supera largamente ese número y podría ascender a más de 12.000 personas si se contempla a quienes no están registrados en los operativos formales o viven en condiciones de extrema precariedad en viviendas improvisadas. Esta diferencia metodológica en los censos solo refleja la dificultad —y a veces la falta de voluntad política— para abordar la magnitud real del problema.
Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano de la Ciudad, planteó que existen al menos tres factores principales detrás de este aumento: la persistente fragilidad económica que atraviesa el país, la crisis de salud mental acentuada desde la pandemia y la ausencia de políticas públicas efectivas en la Provincia de Buenos Aires, territorio de origen del 70% de las personas que viven en la calle en CABA según estimaciones oficiales. Desde las organizaciones sociales y organismos internacionales, como la ONU, se cuestiona el enfoque restrictivo y punitivo adoptado por el gobierno local, acusándolo de criminalizar la pobreza en vez de generar soluciones de fondo con programas de vivienda, inclusión laboral y contención social.
En paralelo al aumento de personas sin techo, se denuncian políticas estatales que profundizan su vulnerabilidad, como los desalojos y la confiscación de pertenencias, en lugar de la implementación de estrategias integrales que garanticen el acceso a derechos básicos. Los propios relatos de quienes viven el día a día en la calle ponen en evidencia una lógica de subsistencia marcada por la desconfianza y el aislamiento. Hombres y mujeres consultados en recientes operativos de relevamiento social confirman que rara vez recurren a los circuitos institucionales de ayuda, priorizando estrategias individuales como el cartoneo y el trabajo informal para sobrevivir. El resultado: más marginalidad, más puertas cerradas.
Los organismos internacionales advierten que el crecimiento de la población en situación de calle en Buenos Aires forma parte de un fenómeno preocupante a nivel global, pero allí donde los gobiernos deciden intervenir de manera integral, los números tienden a estabilizarse o ceder. En cambio, la respuesta local parece orientada, hasta el momento, al asistencialismo fragmentado y a la criminalización, estrategias que la experiencia demuestra ineficaces frente a un fenómeno cuya raíz es profundamente social, económica y política.
