Argentina presentó este miércoles sus argumentos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para intentar frenar la entrega del 51% de las acciones de YPF, actualmente bajo control estatal, mientras se resuelve el juicio millonario iniciado por el fondo Burford Capital. La administración nacional busca que la suspensión de la entrega de las acciones sea definitiva y no esté condicionada a la imposición de garantías, una exigencia que los demandantes propusieron en caso de que la Corte acepte extender el plazo hasta la resolución final del litigio.
La disputa legal gira en torno a la expropiación de YPF, realizada en 2012, que derivó en un fallo de primera instancia –firmado por la jueza Loretta Preska en 2023– contra Argentina, con una condena que actualmente supera los 17.500 millones de dólares en concepto de indemnización. El principal argumento del país es que la medida que ordena entregar las acciones vulnera la inmunidad soberana y contradice tanto la legislación estadounidense como el principio de comity, o cortesía internacional, aduciendo además que los títulos se encuentran en territorio argentino y no forman parte de ninguna actividad comercial en Estados Unidos.
En su presentación, la Procuración del Tesoro –encabezada por Santiago Castro Videla– sostuvo que ejecutar la transferencia generaría un “daño irreparable” a la soberanía nacional, además de quitarle a la Argentina el manejo de su principal activo energético en un contexto de máxima sensibilidad económica y política. El Gobierno también advirtió que una eventual entrega de las acciones sería prácticamente imposible de revertir, incluso si en el futuro la Corte de Apelaciones declara que Argentina tenía razón en la cuestión de fondo.
El fondo Burford Capital, por su parte, aclaró por escrito que no pretende quedarse con las acciones de YPF directamente, aunque solicitó que la Argentina deposite una garantía financiera para mantener la medida suspensiva de la entrega mientras avanza el debate judicial. La postura del Gobierno estadounidense también juega un rol decisivo: mediante un amicus curiae –presentación de “amigo del tribunal”– respaldó el pedido de la Argentina para que se respete la inmunidad soberana del país.
El Tribunal de Apelaciones, que ya había concedido una suspensión administrativa preventiva de la orden de entregar las acciones para evitar que Argentina sea declarada en desacato, ahora deberá resolver en un plazo corto, aunque no estipulado, cuál será el futuro inmediato del caso. Si los jueces rechazan el pedido argentino, la orden de Preska volvería a entrar en vigencia, forzando al país a entregar los títulos o exponiéndose a serias sanciones legales y financieras en los mercados internacionales.
