El expresidente Alberto Fernández enfrenta una delicada situación judicial tras haber sido procesado en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante su gestión al frente de la Casa Rosada. El procesamiento fue dictado por el juez federal Sebastián Casanello, quien acusa a Fernández del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El epicentro del expediente es el decreto 823/21, que obligó a todos los ministerios y organismos nacionales a contratar pólizas únicamente con Nación Seguros, y la designación de María Cantero —esposa de Héctor Martínez Sosa, uno de los brokers beneficiados— como secretaria privada del entonces presidente.
De acuerdo al fallo, existen sospechas fundadas de que durante el mandato de Fernández se montó, dentro de Casa Rosada, una oficina que funcionó como base de operaciones para un grupo empresarial cuyos negocios giraron en torno al circuito de seguros estatales. La firma de Martínez Sosa habría recibido, junto a sus vinculados, casi el 60% de las comisiones abonadas por organismos públicos entre 2019 y 2023, lo que representa cifras multimillonarias. A su vez, existen registros de visitas y comunicaciones frecuentes entre Fernández y el broker, según consta en chats telefónicos incorporados a la causa.
La defensa del expresidente, encabezada por la abogada Mariana Barbitta, apeló el procesamiento ante la Cámara Federal porteña y solicitó que se dicte la falta de mérito, reclamando que Fernández nunca fue formalmente indagado respecto de las nuevas imputaciones formuladas por el juez Casanello. Entre ellas, la creación del puesto que asumió Cantero y el presunto encubrimiento de conflictos de interés, además de no haber informado las relaciones personales involucradas en el entramado de intermediación de seguros.
Fernández, por su parte, publicó un enfático descargo en redes sociales, denunciando una persecución política dirigida contra él por razones partidarias. Sostuvo que la investigación se apartó del cuestionamiento a las decisiones oficiales para pasar a indagar sobre su entorno personal y las designaciones en su gabinete. También puso en duda la seriedad y objetividad de la investigación judicial, y rechazó las acusaciones que lo vinculan personalmente a beneficios ilegítimos obtenidos por terceros.
La causa se encuentra ahora en manos del Tribunal de Apelaciones, que deberá evaluar si corresponde confirmar el procesamiento o dar lugar a la apelación de la defensa. Mientras tanto, este caso sigue generando un fuerte debate institucional y político sobre el control de la gestión pública y los límites legales en el ejercicio del poder. El desenlace tendrá consecuencias no sólo judiciales, sino potencial impacto en el escenario político argentino.
