El Gobierno nacional ha oficializado la designación de las nuevas autoridades que estarán al frente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el marco de la profunda reestructuración del organismo. A través del decreto 466/2025 publicado en el Boletín Oficial, se confirmó que Nicolás Bronzovich, ingeniero agrónomo, será el nuevo presidente del INTA, asumiendo un cargo con rango y jerarquía de secretario. Junto a él, la ingeniera agrónoma María Beatriz Giraudo Gaviglio fue nombrada como consejera técnica, desempeñándose en carácter ad honorem a partir del 8 de julio de 2025.
Estas designaciones son parte de una serie de cambios impulsados por la gestión del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, en busca de transformar el INTA en un organismo desconcentrado. El ente ha dejado de ser autárquico, pasando a depender directamente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, perdiendo así su histórica independencia administrativa y financiera. La medida, según argumentó el Gobierno, busca encauzar nuevamente al INTA en su “misión original”, enfocándose en la investigación y el desarrollo tecnológico en favor del campo argentino y del sector agroindustrial.
En paralelo a la oficialización de las nuevas autoridades, se redefinieron las atribuciones y responsabilidades del presidente del organismo. Bronzovich tendrá a su cargo la gestión del patrimonio institucional, la presidencia del nuevo Consejo Técnico, la firma de convenios nacionales e internacionales y la propuesta de la estructura organizativa del instituto. Además, deberá administrar el Fondo para la Promoción de la Tecnología Agropecuaria y determinar la red de centros de investigación, estaciones experimentales e institutos necesarios para el funcionamiento y crecimiento del INTA.
El Gobierno justificó estos cambios señalando que el INTA se había desviado de su propósito original en los últimos años, siendo utilizado, según la administración libertaria, como herramienta de “militancia política” y guiado por lineamientos globales alejados de las necesidades concretas del sector. Desde la gestión de Milei, se cuestionó a los profesionales y técnicos del organismo, y se limitaron algunas de sus facultades históricas, como la capacidad de crear servicios de extensión y campos demostrativos, herramientas esenciales para la asistencia técnica a productores.
La reestructuración también implicó una fuerte reducción y reorganización interna. En abril de 2025, el INTA contaba con más de 6.000 empleados –el doble que hace poco tiempo– y una vasta cantidad de recursos materiales, según cifras oficiales. Con la actual reforma, el Ejecutivo busca poner fin a lo que denomina una estructura “sobredimensionada y opaca”, apostando a un formato más eficiente y alineado con los objetivos productivos y tecnológicos del país.
