El gobierno nacional, bajo la presidencia de Javier Milei y la gestión del ministro de Salud Mario Lugones, ha impulsado un profundo reordenamiento en el sistema sanitario público. El lunes 7 de julio de 2025 se oficializó la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), un organismo descentralizado que unificará la gestión administrativa, financiera y jurídica de cinco hospitales nacionales emblemáticos: Baldomero Sommer, Alejandro Posadas, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS). Esta medida busca centralizar la administración de estos centros, preservar sus especialidades médicas y estructuras asistenciales, y mejorar la trazabilidad del gasto público hospitalario.
La creación de la ANES forma parte de una estrategia más amplia orientada a eliminar duplicidades burocráticas, ordenar procesos de compra y licitación, y profesionalizar la gestión hospitalaria. Así, el Ministerio de Salud pretende combatir la dispersión administrativa que afecta a la eficiencia del sistema, al tiempo que busca una mayor articulación con las provincias, responsables directas de la salud en sus jurisdicciones según la Constitución Nacional. Según fuentes oficiales, esta transformación alcanzará a más de 7500 trabajadores y un presupuesto anual que supera los 267 mil millones de pesos.
Además, junto con la creación de la ANES, el gobierno eliminó tres institutos nacionales cuyas funciones se consideraron superpuestas o ineficientes, enmarcando esta decisión dentro de una política de reordenamiento institucional que tiene el objetivo declarado de optimizar recursos y alcanzar una mayor transparencia en la gestión del sistema sanitario público nacional. Esta iniciativa se presenta como parte de un giro en la política sanitaria hacia una administración más ordenada y eficiente, en contraposición a años de crisis estructural, escasez de insumos, deficiencias en el seguimiento clínico y problemas de gestión en hospitales públicos.
No obstante, la decisión oficial genera fuertes debates y resistencia en el sector de la salud pública. Diversos referentes y trabajadores advierten que estas reformas pueden profundizar la precarización laboral, especialmente en el caso de residentes, quienes ven afectadas sus condiciones laborales y derechos. Bajo la Resolución 2109/2025, los residentes quedan sujetos a un sistema de becas que no garantiza licencias por enfermedad, vacaciones ni cobertura de seguro, lo que fue denunciado como un grave retroceso para la formación profesional sanitaria en el país. La discusión pública se centra, además, en la necesidad de una verdadera reforma que no solo acote el gasto, sino que fortalezca la capacidad del Estado para garantizar el derecho a la salud de toda la población.
En suma, las medidas adoptadas por el gobierno de Milei reflejan un intento decidido de modificar la estructura del sistema público de salud, con énfasis en la centralización administrativa y el saneamiento financiero. Su impacto real, sin embargo, dependerá de cómo se implementen estas reformas y de la capacidad que tengan las nuevas instancias para preservar la calidad y la accesibilidad de los servicios hospitalarios, así como para responder a las demandas laborales de los profesionales de la salud y las necesidades sanitarias de los argentinos. El desafío será evitar que el proceso se traduzca en un debilitamiento del sistema público, al tiempo que se logra una gestión más eficiente y moderna.
