La Corte Suprema enfrenta un plenario clave mientras persiste la incertidumbre sobre la licencia de Lijo
En un momento crítico para el Poder Judicial argentino, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra en medio de una controversia que ha generado una gran incertidumbre. La cuestión central es la licencia solicitada por el juez federal Ariel Lijo, quien fue designado recientemente para asumir en el máximo tribunal. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó por mayoría otorgarle la licencia, lo que ha dejado a Lijo en una situación ambigua.
La designación de Lijo y su posterior solicitud de licencia han sido objeto de una intensa polémica. El presidente Javier Milei nombró a Lijo y a Manuel García-Mansilla en comisión para cubrir las vacantes en la Corte Suprema, lo que ha generado una serie de críticas y cuestionamientos sobre el procedimiento. La Cámara Federal porteña aprobó inicialmente el pedido de Lijo, pero la Corte Suprema, que suele definir las licencias que se extienden por más de seis meses, tomó la decisión final de rechazar la solicitud.
La razón detrás de esta decisión es que Lijo no puede asumir en el máximo tribunal sin renunciar previamente a su cargo en la justicia federal. Este requisito es un punto clave en la Constitución Nacional, y la Corte Suprema ha respetado este precepto al rechazar la licencia. Este plenario no solo implica a Lijo, sino que también plantea cuestiones más profundas sobre la interpretación del artículo 99 de la Constitución, que regula la designación de jueces en el Poder Judicial.
La controversia no se limita a la decisión de la Corte Suprema. Un grupo de organizaciones no gubernamentales como la Fundación Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) han presentado un amparo en la Justicia para anular las designaciones de Lijo y García-Mansilla. Estas ONGs argumentan que el procedimiento habitual para la designación de jueces exige el aval agravado del Senado, lo que no ha ocurrido en este caso.
La situación actual ha generado una gran incertidumbre dentro del Poder Judicial. La Corte Suprema, como órgano máximo del Poder Judicial, se encuentra en una posición delicada. Su misión es asegurar la supremacía constitucional, ser intérprete final de la Constitución Nacional y custodiar los derechos y garantías enunciados en ella. En este contexto, la decisión de rechazar la licencia de Lijo es un paso crucial para mantener la integridad del sistema judicial y evitar cualquier posible conflicto de intereses o interpretaciones inconstitucionales.
En resumen, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra en un momento crítico, enfrentando una controversia que ha generado una gran incertidumbre sobre la licencia de Ariel Lijo. La decisión de rechazar la licencia ha sido tomada por mayoría y se basa en el requisito constitucional de que Lijo renuncie a su cargo en la justicia federal antes de asumir en el máximo tribunal. Esta controversia plantea cuestiones más profundas sobre la interpretación de la Constitución Nacional y el procedimiento para la designación de jueces en el Poder Judicial.
