Nueva Ley Migratoria: El Gobierno Argentino Busca Cobrar a Extranjeros No Residentes por Servicios de Salud y Educación
En un intento por redefinir la política migratoria en Argentina, el gobierno nacional ha anunciado un proyecto de ley que busca cobrar a los extranjeros no residentes por los servicios de salud y educación que utilicen en el país. Este nuevo enfoque, que se espera sea aprobado por el Congreso antes de finalizar el año 2025, incluye una serie de medidas más restrictivas para el acceso a la residencia y mayores controles en las fronteras.
El presidente Javier Milei ha destacado la necesidad de esta reforma durante su discurso en la Asamblea Legislativa, enfatizando que “si queremos ser un país serio, también debemos llevar a cabo una reforma migratoria”. Milei argumentó que la Argentina ha sido generosa con los inmigrantes, pero que no puede seguir siendo “tomada de tontos” por sus vecinos o ser un centro de beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos. Por lo tanto, el gobierno propone que aquellos extranjeros que estén en el país de forma transitoria o temporal tengan que pagar los servicios que utilizan, como la atención médica y la educación.
Este proyecto de ley no es una novedad en Argentina. Varias provincias ya han implementado medidas similares en 2024, como Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy, que han establecido el cobro de la atención médica a los extranjeros no residentes. En Salta, por ejemplo, el decreto de necesidad y urgencia 129/24 ha permitido cobrar a los extranjeros sin residencia regular o con residencia transitoria o precaria, lo que ha llevado a una reducción del 90% en la atención hospitalaria desde marzo. Otras provincias, como Neuquén y Entre Ríos, también están considerando proyectos similares.
La implementación de este cobro no ha sido sin polémica. Los argumentos a favor incluyen la sostenibilidad del sistema de salud y la igualdad, ya que los extranjeros no residentes no pagan impuestos y, por lo tanto, no deberían beneficiarse de los servicios públicos gratuitamente. Sin embargo, los opositores argumentan que la salud es un derecho fundamental y que todos, independientemente de su nacionalidad, deberían tener acceso a la atención médica sin barreras económicas. Además, existe preocupación de que el cobro pueda llevar a la discriminación y al rechazo de atención médica a personas extranjeras, especialmente a aquellas en situaciones vulnerables.
El proyecto de ley también contempla mayores controles en las fronteras y una política migratoria más restrictiva. Se busca restringir el acceso a la residencia para estudiantes extranjeros y inmigrantes en situación irregular que tienen hijos nacidos en el país. Además, se prevé que las Fuerzas Armadas colaboren en tareas de vigilancia y control, tanto en las fronteras como en el interior del territorio nacional, para prevenir la infiltración de personas que puedan cometer delitos y garantizar la seguridad nacional. En resumen, la nueva ley migratoria busca equilibrar la generosidad argentina con los inmigrantes con la necesidad de controlar y financiar los servicios públicos, lo que podría tener un impacto significativo en la política migratoria y los servicios de salud y educación del país.
