**El Escándalo de las Fotomultas: Imputan a Jorge D’Onofrio por Lavado de Dinero**
En un giro significativo en la política argentina, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, ha sido formalmente imputado por lavado de activos en el marco de una investigación que involucra irregularidades en las contrataciones de empresas privadas dentro de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Este escándalo, conocido como el “escándalo de las fotomultas,” ha sacudido a la comunidad política y ha llevado a la justicia a tomar medidas drásticas contra varios funcionarios y ex funcionarios.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil, lo que permite a los fiscales examinar las transacciones financieras de los involucrados. Además de D’Onofrio, también quedó imputada la ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar, Claudia Pombo, su hermana, un juez de La Plata, y el director provincial de la VTV. La investigación busca determinar si desde diciembre de 2021, estos individuos han incrementado de forma ilícita e injustificada su patrimonio, tanto directamente como a través de interpósitas personas, incluyendo su núcleo familiar y de confianza[1].
El foco principal de la investigación se centra en las acusaciones de que D’Onofrio y sus allegados han enriquecido ilegalmente a través de coimas y pagos relacionados con las fotomultas. Según las denuncias, D’Onofrio habría montado un esquema en el que se eliminaban multas de tránsito a cambio de un pago porcentual del valor de la infracción. Esta práctica, conocida como “fotomultas truchas,” habría generado una caída significativa en la recaudación de ingresos para las empresas que proveen tecnología para las fotomultas, como Secutrans. Las pérdidas estimadas son de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales, lo que evidencia la magnitud del presunto desfalco y su impacto sobre las finanzas públicas[3].
La denuncia inicial en esta causa proviene de Secutrans, que ha sido víctima de las prácticas fraudulentas. La empresa ha señalado que el esquema de coimas y pagos ilegales no solo ha afectado su recaudación de ingresos sino que también ha comprometido la integridad del sistema de verificación vehicular. La investigación enfrenta obstáculos, como el caso del juez Adrián González Charvay, quien se declaró incompetente y el expediente fue devuelto por la Cámara Federal de San Martín. Sin embargo, los fiscales continúan analizando si las conductas denunciadas constituyen lavado de dinero o enriquecimiento ilícito[3].
El escándalo ha generado una gran conmoción en la comunidad política, especialmente en el gobierno provincial. El gobernador Axel Kicillof ha sido presionado para que tome medidas contra D’Onofrio, y se rumorea que podría pedirle su renuncia en las próximas horas. D’Onofrio, quien ingresó al gobierno provincial a instancias de Sergio Massa, se ha distanciado del Frente Renovador en el año pasado. Su relación con Massa ha sido cuestionada, y hoy no existe contacto entre ambos[3].
En resumen, el escándalo de las fotomultas ha llevado a la justicia a imputar a Jorge D’Onofrio por lavado de dinero, lo que ha desencadenado una serie de medidas judiciales y políticas que buscan aclarar las irregularidades y recuperar la integridad del sistema de verificación vehicular. La investigación continúa, y se espera que se revele más sobre las prácticas fraudulentas y el enriquecimiento ilícito que han afectado a la provincia de Buenos Aires.
