El escándalo de alimentos acumulados y a punto de vencer en galpones genera una crisis en la gestión de seguridad alimentaria. El Ejército se encargará de la distribución.
Ante la revelación del acopio de alimentos a punto de vencer en galpones del Ministerio de Capital Humano, la ministra Sandra Pettovello tomó medidas drásticas este jueves. La primera fue despedir al Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo De la Torre, encargado de los programas de seguridad alimentaria. Además, Pettovello presentó una denuncia en la Oficina Anticorrupción. La situación se desató tras la orden del juez Sebastián Casanello de presentar un listado de productos, revelando que hay 339.867 kilos de leche en polvo y otros alimentos con fechas de vencimiento inminentes.
El problema de fondo es la falta de distribución de alimentos a comedores comunitarios, afectando a personas con necesidad urgente de asistencia. La explicación oficial para cortar el suministro, basada en auditorías que detectaron comedores inexistentes, fue criticada por no justificar la interrupción del derecho a la alimentación. Ante la evidencia de la crisis, el Ministerio emitió un comunicado anunciando una nueva auditoría y la movilización del Ejército Argentino para una distribución inmediata y eficiente de los alimentos próximos a vencer.
La protesta del dirigente social Juan Grabois y la investigación periodística de El Destape fueron claves para visibilizar el problema. Grabois criticó duramente la gestión, señalando que mientras hay hambre, los alimentos se acumulan sin ser distribuidos. A esto se suman las denuncias sobre irregularidades en la compra y distribución de alimentos, realizadas a través de convenios con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), lo que permitió evadir controles estatales y cobrar comisiones por tareas que debería realizar el Ministerio.
En los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo se encuentran almacenados productos adquiridos tanto durante el gobierno anterior como el actual. Además de la leche en polvo, hay harina de maíz, puré de tomate, pasta de maní, garbanzos y yerba mate, todos con fechas de vencimiento cercanas. La subsecretaria de Legales, Leila Gianni, minimizó la gravedad del problema en declaraciones televisivas, sin abordar la urgencia de distribuir estos alimentos a quienes más los necesitan.
El Gobierno enfrenta ahora el desafío de demostrar su capacidad para gestionar eficazmente la crisis alimentaria. La intervención del Ejército es una medida de emergencia, pero la solución a largo plazo requerirá una reestructuración profunda de las políticas y mecanismos de distribución de alimentos. El plazo para presentar un plan de distribución al juzgado es hasta las primeras horas del viernes, y el incumplimiento podría derivar en consecuencias legales severas. La situación pone en evidencia las falencias en la administración y la necesidad de respuestas rápidas y efectivas para atender a la población más vulnerable.
